CIG-Correos rechaza con firmeza las dudas sobre la gestión del voto por correo

El sindicato asegura que las papeletas quedan "custodiadas, archivadas y controladas mediante relaciones detalladas en despachos precintados" hasta el día de las elecciones, y denuncia la pérdida de miles de empleos en la compañía en la última década
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8 Oct 2026

El sindicato CIG-Correos ha expresado su total desacuerdo con las declaraciones realizadas por representantes de distintas formaciones de derecha y ultraderecha que han puesto en duda la profesionalidad y el cumplimiento de la normativa por parte de Correos en la tramitación del voto por correo.

Desde la organización sindical recuerdan que cualquier persona que haya utilizado este sistema de votación conoce de primera mano el trabajo y los requisitos que implica su gestión. Según detallan, el proceso cuenta con tres niveles de verificación independientes. El primero se produce en el momento de la solicitud del voto, que debe presentar el propio elector acreditando su identidad mediante el DNI, ya sea de forma presencial en una oficina postal o de manera telemática a través de certificado digital.

El segundo control tiene lugar en la entrega de la documentación electoral, que el cartero debe hacer llegar exclusivamente al elector en persona, verificando de nuevo su identidad con el DNI. Este envío se realiza como certificado oficial urgente e incluye todas las papeletas, el sobre de votación, el sobre específico para el voto por correo y la certificación censal correspondiente.

El tercer filtro se produce cuando el elector deposita personalmente el sobre con su voto en una oficina de Correos, identificándose por tercera vez con su documento nacional de identidad. Todo el proceso de remisión de la documentación electoral está sometido a la supervisión de las Juntas Electorales, integradas por jueces. El sindicato recuerda además que, una vez solicitado el voto por correo, no es posible votar presencialmente en urna el día de los comicios.

Pérdida de empleo en la última década

Al margen de la defensa del procedimiento, CIG-Correos pone el foco en la reducción de plantilla que ha sufrido la compañía: 20.000 puestos de trabajo menos en los últimos diez años, de los cuales 5.400 corresponden solo a los dos últimos ejercicios. El sindicato explica que no se cubren bajas, jubilaciones, traslados, fallecimientos ni vacaciones, lo que ha supuesto, a su juicio, no solo la pérdida de empleo estructural sino también la desaparición del empleo eventual necesario para mantener la cobertura del servicio en todo el territorio.

Para la organización sindical, el verdadero problema de Correos reside precisamente en esta falta de personal, consecuencia de un ajuste de cuentas basado en recortar plantilla, y no en lo que califican como declaraciones "esperpénticas" por parte del Partido Popular y Vox al cuestionar el voto por correo.

El sindicato considera estas manifestaciones "gravísimas" e "inaceptables", al entender que no solo ponen en duda la profesionalidad y el cumplimiento legal por parte de Correos, sino que además debilitan la credibilidad de la Administración y del propio sistema democrático.

Custodia de los votos

CIG-Correos explica que los votos recibidos a través de las 2.388 oficinas postales son custodiados a nivel provincial, archivados y controlados mediante relaciones detalladas que permanecen en despachos precintados hasta el día de la votación. El día de los comicios, esos votos —2,5 millones en las elecciones de 2023— son trasladados por 30.000 carteros hasta las mesas electorales, controlados, registrados y sellados, sin ningún indicio de haber sido abiertos previamente.

Por ello, el sindicato defiende que la posibilidad de manipular un volumen tan elevado de votos, gestionado en tantas unidades distintas, no es solo improbable, sino "absolutamente imposible".

Ante estas críticas, CIG-Correos reclama que sea la propia Administración la que, por coherencia ética, salga en defensa del trabajo de sus empleados y de la calidad del servicio prestado. El sindicato considera que tanto la presidencia de Correos como el Ministerio correspondiente y la SEPI no deberían permitir que se genere ningún tipo de controversia o duda al respecto, ni ahora ni en el futuro.

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