CIG-Justicia advierte del estado de deterioro de los libros históricos del Registro Civil
La CIG-Justicia puso en conocimiento de la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Justicia la situación de deterioro que presentan distintos libros históricos del Registro Civil custodiados en oficinas y dependencias judiciales gallegas. Reclama a la Dirección General de Justicia la urgente adopción de medidas para garantizar la preservación de estos fondos documentales.
Tras las visitas realizadas a diversos juzgados de la provincia, se constató que parte de estos fondos documentales se encuentran en un estado de conservación deficiente, apreciándose deterioro físico derivado del paso del tiempo, desgaste, problemas de encuadernación, condiciones de almacenamiento mejorables y riesgo potencial de pérdida documental.
En este sentido, la CIG-Justicia recuerda que los libros históricos del Registro Civil constituyen documentación pública de extraordinaria relevancia jurídica, administrativa, histórica y social, ya que recogen hechos esenciales vinculados a la identidad y a los derechos de la ciudadanía, además de formar parte del patrimonio documental colectivo.
Por este motivo, solicitó a la Dirección General de Justicia que impulse medidas de evaluación técnica, restauración, encuadernación, mejora de las condiciones de archivo y preservación digital de estos fondos documentales, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.
Junto a esto dio traslado de la situación al Ministerio de Justicia, al ser la Administración competente en materia de Registro Civil, con el objetivo de promover una actuación coordinada que garantice la adecuada conservación, custodia y accesibilidad de esta documentación histórica.
El sindicato considera necesario elaborar un diagnóstico global del estado de conservación de los libros históricos existentes en el conjunto del territorio gallego, estableciendo prioridades de intervención y medidas homogéneas de protección documental para evitar pérdidas irreparables.
Reclama además a las administraciones implicadas que adopten las actuaciones necesarias para asegurar la preservación de un patrimonio documental fundamental tanto para la memoria histórica como para la garantía de los derechos de la ciudadanía.