CIG-Salud reclama transparencia, garantías de suministro y una política pública del medicamento
La CIG-Salud presentó alegaciones al Proyecto de Real Decreto que regulará la financiación y la fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), actualmente en trámite de audiencia e información pública. La nueva norma pretende combinar la sostenibilidad del gasto farmacéutico con la incorporación de la innovación y el impulso de la competencia a través de los medicamentos genéricos y biosimilares.
La organización sindical advierte de que una política centrada en la reducción continuada de los precios de los medicamentos maduros y genéricos puede comprometer la viabilidad de algunos productos, provocar la retirada de fabricantes y aumentar los problemas de abastecimiento. Por ello, CIG-Salud reclama que las revisiones de precios tengan en cuenta el riesgo de suministro y garanticen la permanencia en el mercado de los medicamentos esenciales y estratégicos.
El sindicato alerta también de la sobrecarga que pueden generar los nuevos sistemas de seguimiento en tiempo real, registros de pacientes y evaluación de resultados, especialmente en los servicios de farmacia hospitalaria. “Su implantación debe ir acompañada del personal y de los recursos necesarios y no puede suponer más burocracia a costa de la actividad asistencial”, señala la secretaria nacional, Ana Lestón.
CIG-Salud cuestiona igualmente que los anexos económicos, descuentos y precios netos de los acuerdos con la industria farmacéutica continúen siendo confidenciales. “Si estamos hablando de fondos públicos”, destaca, “debe existir transparencia y capacidad de control público, social y sindical sobre su destino”.
Reclama, además, garantías para la continuidad de los tratamientos sometidos a financiación condicional y advierte de que, en los medicamentos sin alternativa terapéutica, la necesidad de que los acuerdos sean aceptados por el laboratorio “puede situar al SNS en una posición de debilidad frente a la industria farmacéutica”.
Para la CIG-Salud, la política farmacéutica debe ir más allá de la negociación de precios con las multinacionales, por lo que reclama reforzar la capacidad negociadora del SNS, impulsar la investigación pública independiente y avanzar hacia una mayor capacidad pública de producción de medicamentos esenciales y estratégicos.
“Defendemos una política pública del medicamento que garantice el acceso, la continuidad de los tratamientos y el suministro, con un uso transparente y eficiente de los recursos públicos y sin trasladar nuevas cargas de trabajo al personal sanitario”, concluye Lestón.