CIG-Saúde alerta de que Galicia mantiene la segunda mayor tasa de suicidios del Estado

El sindicato reclama más recursos en la sanidad pública y políticas contra la precariedad, el aislamiento social y la soledad no deseada
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10 Sep 2026

Galicia mantiene una de las tasas de suicidio más elevadas del Estado. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2025, el país registró 303 muertes por suicidio investigadas por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) y 295 según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con una tasa próxima a los 11 suicidios por cada 100.000 habitantes, Galicia se situó como la segunda comunidad autónoma con mayor mortalidad por esta causa, solo por detrás de Asturias.

CIG-Saúde alerta de esta realidad con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, y considera que estos datos no pueden normalizarse. El sindicato reclama una respuesta que vaya más allá de la atención sanitaria y que aborde también las condiciones sociales y materiales que pueden agravar las situaciones de sufrimiento psíquico.

La organización recuerda que alrededor de 300 personas mueren cada año por suicidio en Galicia y que estas muertes representaron aproximadamente un tercio del total de fallecimientos violentos registrados en 2025. La incidencia es especialmente elevada entre los hombres, que representan tres de cada cuatro suicidios, mientras que los intentos presentan una incidencia mucho mayor entre las mujeres.

Por grupos de edad, la mayor parte de los casos se concentra en la población adulta de más de 50 años, con especial incidencia entre los 51 y los 60. La situación también resulta especialmente preocupante entre las personas de mayor edad: el año pasado se registraron once suicidios entre mayores de 90 años.

CIG-Saúde llama igualmente la atención sobre la situación de la juventud. Aunque el número absoluto de suicidios entre menores de 30 años es inferior al registrado en la década de los noventa, el sindicato señala que el suicidio es actualmente la principal causa de muerte entre la juventud gallega, incluso por delante de los accidentes de tráfico. A esta realidad se suman los intentos autolíticos y otras situaciones de sufrimiento extremo que no siempre quedan reflejadas en las estadísticas.

Entre los factores sociales que, según CIG-Saúde, deben ser abordados está la soledad no deseada. El sindicato recuerda que el 27,2 % de la población gallega tiene 65 o más años y que el índice de envejecimiento ronda las 180 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 20.

La pérdida de la pareja o de las amistades, la reducción de las redes de apoyo, los problemas de movilidad o una menor participación en la vida comunitaria pueden incrementar las situaciones de aislamiento. En el rural, además, la dispersión de la población y las dificultades para acceder a determinados servicios pueden agravar esta situación.

La organización advierte de que la soledad no deseada no afecta exclusivamente a las personas mayores, sino que también puede estar presente entre la juventud, las personas desempleadas, quienes sufren precariedad laboral, las personas migrantes o aquellas que atraviesan una ruptura familiar o una pérdida.

Por este motivo, CIG-Saúde defiende que combatir la soledad no puede limitarse a recomendar a las personas que busquen compañía o participen en actividades. Considera necesario reforzar los servicios públicos y crear condiciones materiales que permitan mantener redes sociales y proyectos de vida dignos, así como dotar de recursos suficientes a Atención Primaria, la salud mental y los servicios sociales para detectar situaciones de aislamiento y vulnerabilidad.

Críticas a la respuesta del Sergas

El sindicato considera insuficiente la respuesta que está ofreciendo el Servicio Gallego de Salud. CIG-Saúde cita el informe de auditoría del Consello de Contas sobre el Plan de Salud Mental pos-Covid 2020-2024, en el que se constató, según la organización, un empeoramiento de los problemas de salud mental en Galicia e importantes debilidades en la planificación.

La organización denuncia también el elevado consumo de psicofármacos y ansiolíticos y la falta de profesionales suficientes en la sanidad pública para ofrecer una respuesta rápida a las personas que sufren problemas de salud mental. Según los datos que maneja el sindicato, las listas de espera para consultas externas superan de media los 62 días en los hospitales públicos y las citas en Psicología Clínica pueden demorarse durante meses.

Para CIG-Saúde, estos retrasos resultan especialmente graves en el ámbito de la prevención del suicidio, ya que considera que una intervención tardía puede tener consecuencias irreparables.

El sindicato denuncia además un déficit de profesionales de Medicina, Enfermería, Psicología Clínica y Psiquiatría y reclama revertir la privatización y avanzar hacia una gestión «100 % pública», con una mayor implicación de los servicios en el ámbito comunitario.

Ante esta situación, CIG-Saúde reclama a la Consellería de Sanidade y a la Xunta de Galicia un refuerzo del personal de la sanidad pública, especialmente en las áreas de Psicología Clínica y Psiquiatría, así como en las demás categorías necesarias para garantizar una atención accesible y de calidad.

El sindicato demanda también una Atención Primaria con tiempo y recursos suficientes para detectar de manera temprana situaciones de sufrimiento psíquico, aislamiento social y riesgo autolítico, y reclama una reducción de las listas de espera para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan que esperar meses por atención psicológica o psiquiátrica.

CIG-Saúde pide, además, incorporar la soledad no deseada a las políticas de salud pública y actuar sobre las causas sociales del sufrimiento mediante medidas relacionadas con el empleo digno, el acceso a la vivienda, la protección social, la educación y el fortalecimiento de las redes comunitarias.

Por último, reclama un Plan de Prevención del Suicidio dotado de recursos reales, con una estrategia transversal, presupuesto específico y evaluación de los resultados, en el que participen los ámbitos sanitario, social, laboral y educativo, así como los agentes sociales.

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