CIG y ADEGA amplían ante la Fiscalía del Supremo la denuncia por los cambios de reparto de procedimientos en el TSXG
La Confederación Intersindical Gallega (CIG) y la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) remitieron un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) por el traslado de procedimientos judiciales relacionados con líneas de alta tensión de la Sección Tercera a la Sección Segunda del alto tribunal gallego.
Según explican ambas organizaciones, este cambio de sección se realizó contraviniendo las normas vigentes de reparto de competencias y vulnerando, a su juicio, el derecho al juez o jueza predeterminado por la ley, así como el derecho a la tutela judicial efectiva. Sostienen además que estos traslados responderían a peticiones formuladas anteriormente por la Xunta de Galicia.
La ampliación de la denuncia se produce después de que la Fiscalía Superior de Galicia abriese diligencias de investigación preprocesales a raíz de las denuncias presentadas por una veintena de colectivos integrados en la Coordinadora Eólica Así No. Sin embargo, al tratarse de personas aforadas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía gallega trasladó la documentación y las actuaciones a la Fiscalía del Alto Tribunal, que será la encargada de continuar con la investigación.
CIG y ADEGA argumentan ahora que la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG pretende ampliar estos cambios de reparto no solo a los procedimientos vinculados a las líneas de alta tensión, sino también a los litigios relacionados con las autorizaciones administrativas y de construcción de parques eólicos, que hasta el momento eran competencia de la Sección Tercera, especializada en asuntos industriales.
Para sustentar esta afirmación, las organizaciones señalan diversas resoluciones que acordaron el traslado de los procedimientos relativos a los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro. También añaden que tuvieron conocimiento, a través de informaciones publicadas en la prensa, del traslado del procedimiento correspondiente al proyecto eólico Orballeira.
Según recogen en el escrito remitido a la Fiscalía del Supremo, todas estas decisiones vulnerarían las normas de reparto aprobadas por el TSXG en el año 2023, en virtud de las cuales las impugnaciones de autorizaciones administrativas de parques eólicos e instalaciones de transporte de energía eran competencia de la Sección Tercera.
La denuncia destaca además que estas resoluciones contradicen de manera “radical” la postura mantenida previamente por la propia Sección Tercera, que había rechazado peticiones similares formuladas por la Xunta de Galicia y por empresas del sector al considerar que podían incurrir en fraude procesal.
Las dos entidades consideran necesario que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración de las normas de reparto existen motivaciones ajenas a los criterios jurídicos y relacionadas con la pretensión de apartar a determinados magistrados y magistradas de los procedimientos judiciales sobre proyectos eólicos e infraestructuras de transporte eléctrico. En este sentido, recuerdan que estos cambios se produjeron paralelamente al traslado de miembros de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Finalmente, CIG y ADEGA recuerdan que también presentaron escritos de queja ante la Presidencia del TSXG y ante el Consejo General del Poder Judicial, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta por parte de ninguno de estos órganos.