Crece la preocupación por el futuro de seis escuelas infantiles municipales de A Coruña a pocas semanas del inicio del curso
A poco menos de un mes para el inicio del nuevo curso escolar, la adjudicación de la gestión de seis de las ocho escuelas infantiles municipales de A Coruña está provocando una creciente preocupación entre familias, trabajadoras y parte de la oposición municipal. Las ANPA de los centros afectados han iniciado una campaña para reclamar explicaciones al Ayuntamiento y pedir que se garantice tanto la continuidad de los proyectos educativos como la estabilidad de los equipos que llevan años atendiendo a los niños y niñas.
La controversia surge después de que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento propusiera la adjudicación del servicio a tres nuevas empresas para la organización y dirección integral de las escuelas. El contrato, con un valor estimado superior a los 13,2 millones de euros y una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos, afecta a las escuelas infantiles Carricanta, Arela, Os Cativos, Os Rosales, Luis Seoane y Agra do Orzán.
Hasta ahora, estos centros estaban gestionados por empresas constituidas por las propias educadoras, algunas de ellas con más de veinte años de experiencia desarrollando los proyectos pedagógicos de las escuelas. El cambio de modelo es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las familias, que temen perder la continuidad educativa en una etapa considerada clave para el desarrollo de los niños y niñas de entre 0 y 3 años.
Por el contrario, las escuelas municipales de Monte Alto y Novo Mesoiro mantendrán el modelo de gestión que venían teniendo hasta ahora. Esta diferencia también ha generado interrogantes entre parte de la comunidad educativa, que reclama conocer los criterios por los que se ha decidido modificar la gestión en unos centros y mantenerla en otros.
En conjunto, las seis escuelas prestan servicio a alrededor de 750 familias. Muchas de ellas aseguran que todavía desconocen cómo será el funcionamiento de los centros a partir de septiembre, quién integrará los equipos educativos o si se mantendrán los proyectos por los que decidieron matricular a sus hijos e hijas en estos centros municipales.
Las ANPA reclaman transparencia y garantías
Durante los últimos días, las asociaciones de madres y padres han lanzado una campaña conjunta en redes sociales bajo mensajes como 'No es solo un contrato, son nuestros niños' o 'El Ayuntamiento decide sin pensar en lo que importa'. Además, están promoviendo la presentación de escritos de reclamación en el Registro Municipal para dejar constancia de su preocupación y solicitar información sobre el futuro de las escuelas.
Las familias critican que el proceso se haya desarrollado sin comunicación con la comunidad educativa. Recuerdan que las solicitudes de plaza se realizaron durante el mes de marzo, mientras que la licitación de la nueva gestión no se publicó hasta junio y la propuesta de adjudicación se conoció a finales de julio, cuando buena parte del personal ya había iniciado sus vacaciones.
Según denuncian, hasta el momento no han recibido explicaciones sobre el proyecto educativo que aplicarán las nuevas empresas ni sobre cuestiones como la continuidad de las educadoras, la organización de los centros o la adaptación de los menores al inicio del curso.
Otro de los aspectos que centran las críticas es que varias de las empresas propuestas para asumir la gestión son compañías multiservicios. Las ANPA consideran que la educación infantil requiere un alto grado de especialización y alertan del riesgo de que los criterios económicos acaben teniendo más peso que la experiencia pedagógica o la estabilidad de los equipos.
Según la documentación mercantil consultada por las familias, Enequip Serveis Integrals desarrolla principalmente actividades vinculadas a los servicios integrales y la limpieza de edificios, aunque también presta servicios de gestión de escuelas infantiles; Sararte ha ampliado a lo largo de los años su objeto social a actividades relacionadas con la organización de eventos, los recursos humanos, el mantenimiento o los servicios auxiliares; mientras que Grupo de Atención a Dependientes centra su actividad en el ámbito asistencial e incorpora también servicios educativos. Las ANPA consideran que estos perfiles no ofrecen las mismas garantías que entidades especializadas exclusivamente en educación infantil.
Las trabajadoras también viven semanas de incertidumbre
La situación también afecta a las profesionales de las escuelas. Según trasladan familias y representantes de las ANPA, muchas educadoras se marcharon de vacaciones sin saber cuál será su situación laboral cuando se reincorporen en septiembre.
Aunque la documentación de la licitación contempla la subrogación del personal en los supuestos previstos por la legislación laboral, las trabajadoras aseguran que continúan sin conocer cómo se aplicará ese proceso ni si se mantendrán las condiciones actuales o la composición de los equipos que llevan años trabajando juntos.
Las familias consideran que esa estabilidad resulta fundamental en una etapa en la que el vínculo entre los menores y sus educadoras tiene un peso determinante en el proceso de adaptación y aprendizaje.
Las familias impulsan una reclamación dirigida al Ayuntamiento
Paralelamente, las familias han comenzado a difundir un modelo de reclamación para presentar de forma individual en el Registro del Ayuntamiento, tanto de manera presencial como a través de la sede electrónica municipal. El objetivo es solicitar explicaciones sobre el proceso de adjudicación y reclamar mayores garantías para el funcionamiento de las escuelas a partir de septiembre.
En el escrito, los firmantes solicitan al Gobierno local información detallada sobre los criterios utilizados para valorar las ofertas presentadas, especialmente en aspectos como el conocimiento del contexto social de la ciudad o la experiencia educativa de las empresas adjudicatarias. También piden que se expliquen las medidas previstas para garantizar la continuidad de los proyectos educativos y minimizar el impacto del cambio de gestión sobre el alumnado. El escrito también solicita que el Ayuntamiento justifique determinadas puntuaciones otorgadas durante la valoración de las ofertas, especialmente las relativas al conocimiento del contexto social, económico y geográfico de la ciudad, al considerar que han generado dudas entre parte de la comunidad educativa.
Además, el documento reclama que el Ayuntamiento abra espacios de diálogo con las familias, motive las decisiones adoptadas durante el proceso de contratación y revise el sistema de puntuación de futuras licitaciones para que tengan un mayor peso factores como la experiencia en educación infantil, la calidad de los proyectos pedagógicos, la estabilidad de las plantillas, la presencia de personal de apoyo, el conocimiento del entorno y de la lengua gallega, reduciendo la importancia del criterio económico.
En la reclamación, las familias también ponen en valor el trabajo desarrollado durante más de veinte años por las empresas que hasta ahora gestionaban las escuelas, destacando su conocimiento de los barrios, de la comunidad educativa y de los proyectos que han consolidado en los distintos centros. Asimismo, muestran su preocupación porque las tres nuevas adjudicatarias sean empresas multiservicios, al considerar que esta circunstancia genera incertidumbre sobre la continuidad del modelo educativo y de los equipos profesionales.
Sumar se une a las críticas
A las reivindicaciones de las ANPA se sumó Movimiento Sumar Coruña. La formación considera que el Gobierno municipal debería haber planificado con mayor antelación un proceso de esta relevancia y reclama más transparencia, tanto para las familias como para las trabajadoras.
La portavoz de la formación, Trinidad Palacios, cuestiona además el modelo de gestión elegido y defiende que en un contrato de estas características deberían primar criterios como la experiencia en educación infantil, la calidad de los proyectos pedagógicos, la estabilidad de las plantillas y las condiciones laborales de las profesionales.
'Una escuela infantil no puede gestionarse como un contrato municipal más. Estamos hablando de una etapa educativa fundamental y el criterio económico no puede pesar más que la calidad del servicio o las condiciones de las trabajadoras', afirma Palacios.
A la espera de la adjudicación definitiva
El procedimiento de contratación se encuentra actualmente en la fase previa a la adjudicación definitiva, con la presentación de la documentación requerida a las empresas propuestas para asumir el servicio. Mientras ese proceso continúa, familias y trabajadoras reclaman al Ayuntamiento información clara sobre cómo se desarrollará la transición, qué garantías existirán para mantener la calidad educativa y de qué manera se asegurará la continuidad de los proyectos que, según recuerdan, llevan más de dos décadas funcionando en las escuelas municipales afectadas.
Mientras tanto, la comunidad educativa continúa a la espera de que el Ayuntamiento explique cómo se llevará a cabo la transición entre las nuevas concesionarias antes del inicio del curso y qué garantías ofrecerá tanto a las familias como a las profesionales que llevan años trabajando en estos centros.