Descienden un 57,7 % en Galicia los lanzamientos por falta de pago de alquiler
Los tribunales de instancia gallegos practicaron en el primer trimestre de este año 156 lanzamientos, un 50,2 % menos que en 2025. De ellos, 114 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por falta de pagos de alquiler, los cuales descendieron un 57,5 %. Otros 33 correspondieron a ejecuciones hipotecarias —un 3,1 % más— y los nueve restantes derivaron de otras causas.
En Galicia, en el período estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 4,2 lanzamientos derivados de la LAU y 1,2 de ejecuciones hipotecarias. En el conjunto del Estado, los lanzamientos ejecutados entre enero y marzo descendieron un 45,4 % respecto a las mismas fechas de 2025, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del CGPJ.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el primer trimestre del año descendió un 1,3 %, en comparación con las mismas fechas de 2025. En el período estudiado se presentaron 222 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 225 del año anterior.
El estudio también refleja que en el período estudiado los tribunales de instancia gallegos registraron 26 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 22 de las mismas fechas de 2025. Poniendo en relación el número de procedimientos registrados con la población, en Galicia se registró 1 por cada 100.000 habitantes.
Concursos
Los órganos judiciales gallegos registraron durante el primer trimestre de este año 748 concursos, un 5,9 % más que en el mismo período de 2025. En la comunidad se presentaron, en el período estudiado, un total de 27,6 concursos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 38,9.
Los primeros datos de 2026 muestran, por tanto, que continúa consolidándose el incremento en el número de concursos, aunque de forma más contenida, en comparación con los primeros trimestres de años anteriores: en ese período, en 2024 la subida fue del 79 % y, en 2025, del 16,3 %.
Los presentados por personas naturales sin actividad empresarial crecieron un 7 % respecto a las mismas fechas de 2025, al pasar de 673 a 682. Los de personas jurídicas —empresas— siguen con su tendencia a la baja, pues sufrieron un descenso interanual del 12,7 %, al presentarse 48, frente a los 55 del primer trimestre de 2025, mientras que los de personas naturales empresarias pasaron de 14 a 18, un 28,6 % más.
El 17 de agosto de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de juzgados de lo Mercantil, que hizo que los concursos de personas naturales no empresarias, que venían siendo conocidos por los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, pasasen a ser competencia de los juzgados de lo Mercantil, actualmente Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia. Por ello, tiene más sentido realizar un análisis de los concursos por el tipo de persona, física o jurídica, a la que afectan, en lugar de por el tipo de juzgado que los conoce.
Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 5 expedientes, frente a los 9 del mismo trimestre de 2025.
Demandas por despido y reclamación de cantidad
En el primer trimestre de 2026 se registraron en las Secciones de lo Social 1.809 demandas por despido, cifra que muestra un aumento del 13,4 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en las Secciones de lo Social, 1.970, fue un 30,9 % inferior al registrado en el mismo período de 2025.
El estudio, además, muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados entre enero y marzo de 2026 en los tribunales de instancia. En Galicia se interpusieron 9.916, frente a los 23.967 del año anterior, lo que supuso un descenso interanual del 58,6 %.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. La mediación es obligatoria para la presentación de un proceso monitorio desde el 3 de abril, lo que pudo haber tenido impacto en el número de procedimientos presentados antes de esa fecha.