Ecoloxistas en Acción denuncia que la Xunta licita derechos mineros sobre el 7% del territorio gallego
Ecoloxistas en Acción denuncia que la Xunta de Galicia ha sacado a concurso 153 derechos mineros que afectan a 206.366,89 hectáreas, alrededor del 7% del territorio gallego. Los derechos están repartidos entre 70 municipios de las cuatro provincias e incluyen 126 permisos de investigación y 27 concesiones de explotación.
Entre los derechos que el Gobierno gallego pretende volver a poner en explotación figuran los de San Finx, en Lousame; Varilongo, en Santa Comba; y Corcoesto, en Coristanco. Además, los antiguos derechos mineros de Fontao, en Vila de Cruces, aparecen incluidos entre los permisos de investigación.
La organización califica la iniciativa de "acto de destrucción masiva" y considera que la Xunta está poniendo extensas zonas de Galicia a disposición de empresas extractivas sin contar con una planificación sectorial previa sometida a la correspondiente evaluación ambiental estratégica.
Según Ecoloxistas en Acción, la convocatoria de los concursos es ilegal porque se realizó sin aprobar antes el instrumento de planificación que debería ordenar la actividad minera. La entidad sostiene que esta vía permite evitar un análisis global de los efectos acumulativos que la expansión de las explotaciones puede tener sobre el territorio.
El Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAE), que debería establecer las directrices para organizar la actividad minera, continúa sin aprobarse después de que la Xunta paralizase su tramitación en 2013.
"La Xunta pretende decidir ahora, a través de cientos de expedientes individuales, dónde se podrán abrir minas en Galicia, sin aprobar antes el instrumento de planificación preceptivo que debería ordenar el conjunto de la actividad", denuncia Isabel García, coordinadora del área minera de Ecoloxistas en Acción.
Acciones judiciales contra los concursos
La organización anuncia que emprenderá acciones judiciales contra las convocatorias, tanto de manera individual para los proyectos de San Finx, Corcoesto y Varilongo como contra los concursos en su conjunto.
En el caso de San Finx, alerta de que la declaración de caducidad se otorgó, a su juicio, de manera ilegal. Según explica, existen tres procedimientos contencioso-administrativos pendientes de resolución en el Tribunal Superior de Justicia relacionados con este acuerdo. Por ello, considera que no tiene sentido licitar derechos mineros sobre los que existen litigios que podrían invalidar las adjudicaciones.
Ecoloxistas en Acción también cuestiona que los terrenos se declarasen caducados y francos y volvieran a salir a concurso sin ejecutar antes la restauración de los espacios afectados. La entidad argumenta que la legislación básica estatal exige realizar el plan de restauración correspondiente antes de autorizar la caducidad o el cese de las actividades mineras.
En San Finx, señala como elementos especialmente problemáticos las presas de residuos construidas sobre el cauce del río y las más de 170 labores y cavidades mineras repartidas por las concesiones.
La organización reclama a la Xunta que paralice los concursos, apruebe previamente una planificación minera sometida a evaluación ambiental estratégica y participación pública y garantice la restauración de los espacios afectados antes de impulsar nuevas explotaciones.
"No se puede planificar la minería a golpe de concurso. Es necesario que la ciudadanía tenga voz en relación con el futuro del territorio y garantizar que quien contamina paga y restaura", concluye Ecoloxistas en Acción.