El BNG denuncia que la deuda de Galicia alcanza los 13.357 millones de euros con Rueda en la Xunta
La deuda pública de Galicia alcanzó los 13.357 millones de euros en el segundo trimestre de este año, su máximo histórico según el último dato publicado por el Banco de España. Ante esta cifra, la portavoz de Hacienda del BNG en el Parlamento gallego, Noa Presas, cuestionó la gestión económica del Gobierno de Alfonso Rueda y advirtió de las consecuencias que, a su juicio, tendrá para las próximas legislaturas.
La diputada nacionalista señaló que el volumen de deuda equivale casi a un año de presupuesto de la comunidad y criticó que la ratio respecto al producto interior bruto (PIB) se sitúe en el 15 %, frente a la previsión de la Xunta de reducirla por debajo del 13 % en 2027.
El BNG registró varias iniciativas en el Parlamento para solicitar explicaciones al Gobierno gallego y reclamar una auditoría independiente sobre la evolución de la deuda desde 2009. La formación también pide un informe detallado que justifique el uso de fondos destinados a imprevistos para pagar intereses y préstamos.
Presas reprochó a la Xunta que no aprovechase, según el BNG, la oportunidad de negociar con el Estado la condonación de 4.000 millones de euros de deuda. Además, vinculó el incremento del endeudamiento con lo que considera un deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas en ámbitos como la vivienda y el encarecimiento de la vida.
En este sentido, la parlamentaria recordó que el PP votó en contra de una propuesta del BNG debatida en el último pleno para movilizar 400 millones de euros en medidas de apoyo a familias y empresas. La formación señala que la inflación interanual en Galicia llegó al 4,8 % en agosto, cinco décimas por encima de la media estatal, del 4,3 %.
El BNG también propone que los próximos presupuestos autonómicos incluyan una cláusula para garantizar que posibles restricciones presupuestarias derivadas de la situación económica o de medidas estatales y europeas no reduzcan los recursos destinados a los servicios públicos esenciales.