El BNG denuncia que la Xunta dejó sin ejecutar 750 millones y “escatima” en ayudas por la crisis
La portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, denunció la “mala gestión” de los recursos públicos por parte del Gobierno gallego, al que acusa de dejar sin ejecutar hasta 750 millones de euros en el ejercicio de 2025.
Según indicó, se trata de fondos que, pese a estar presupuestados, no se destinaron a políticas públicas en un contexto marcado por la crisis de precios. “El PP dejó de gastar millones y millones de euros pero ahora escatima en las ayudas para hacer frente a la situación agravada por la guerra”, criticó.
Presas puso el foco en áreas “especialmente sensibles”, como Política Social, donde quedaron sin ejecutar 112 millones de euros, afectando a servicios como la atención a la dependencia o la ayuda a domicilio. También señaló que, en plena crisis habitacional, la Xunta dejó sin gastar 30 millones en el programa de acceso a la vivienda, prácticamente la mitad de lo previsto.
En el ámbito de Medio Rural, la diputada calificó de “escandaloso” que no se ejecutasen 82 millones de euros en lo que describió como el peor año de incendios de las últimas décadas. Además, advirtió de que en las políticas contra la violencia machista quedaron sin materializar 7 millones de euros.
El análisis del BNG también destaca otros departamentos con bajos niveles de ejecución, como Comercio, Empleo y Emigración, que dejó sin gastar 222 millones de euros, con programas que no alcanzaron ni el 50 % de ejecución, incluidos los relacionados con la formación profesional o la solidaridad.
En este contexto, el Bloque anunció la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento para reclamar “explicaciones, transparencia y medidas” al Ejecutivo gallego, al tiempo que advirtió de que estas “deficiencias” ya fueron señaladas en años anteriores por el Consello de Contas.
Presas criticó además el uso de las modificaciones presupuestarias, señalando que en ocasiones se incrementan partidas que posteriormente no se ejecutan o incluso se recortan programas previamente anunciados, lo que calificó como una “trampa a la ciudadanía”.
Finalmente, el BNG propone cambios normativos para mejorar la planificación presupuestaria, entre ellos la obligación de rendir cuentas en el Parlamento cuando una partida no alcance el 75 % de ejecución o una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.