El BNG reclama en Europa más protección y apoyo para el mejillón gallego
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, reclamó este martes en el Parlamento Europeo fondos comunitarios específicos para la acuicultura y el sector mejillonero, una mayor transparencia en la trazabilidad del origen del producto y condiciones de competencia justa frente al mejillón procedente de países de fuera de la Unión Europea.
La demanda se produjo durante la presentación de un informe científico elaborado por el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), que puso en valor los beneficios nutricionales y para la salud del mejillón, su impacto medioambiental y su relevancia socioeconómica en Galicia y en el conjunto de Europa.
El encuentro, coorganizado por la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) y el BNG en el Parlamento Europeo, llevó por título 'Reconocimiento del valor del cultivo del mejillón: nuevas evidencias sobre los servicios ecosistémicos y la acuicultura sostenible'. En él se presentó un estudio a cargo del profesor Uxío Labarta, investigador honorífico del IIM, del investigador X. Antón Álvarez-Salgado (IIM-CSIC) y de Ana Vila, de la consultora Inxenia Desarrollo Tecnológico.
Miranda defendió la necesidad de situar al sector mejillonero en una posición prioritaria en las políticas comunitarias y reclamó que los próximos presupuestos de la Unión Europea incluyan una partida específica para esta actividad. “Queremos poner al sector mejillonero en primera línea y que los futuros fondos de la Unión Europea contemplen una partida de financiación para este tipo de acuicultura sostenible”, señaló.
Galicia concentra el 98 % de la producción de mejillón del Estado español, lo que la convierte en el principal productor de este bivalvo en la Unión Europea. Sin embargo, el sector afronta dificultades por la competencia de los productos procedentes de terceros países, especialmente del mejillón chileno, que accede al mercado comunitario libre de aranceles gracias al acuerdo comercial con la Unión Europea.
A esta situación se suman las consecuencias de las condiciones climáticas sobre la actividad y el descenso de la producción. En 2006 Galicia producía casi 300 millones de kilogramos de mejillón, mientras que en 2025 la cifra se redujo hasta los cerca de 180 millones.
“Estamos hablando de un sector que en Galicia alimenta a diez mil familias y frente a la inacción del Gobierno del PP en Galicia, desde el BNG trabajamos en favor de su promoción y defensa”, afirmó Miranda, que también recordó la petición realizada a la Comisión Europea para que se reconozca la denominación de origen del Mejillón de Galicia.
Durante el encuentro se realizó una demostración gastronómica para mostrar las propiedades del mejillón gallego y las posibilidades de su utilización en la cocina. El investigador X. Antón Álvarez-Salgado destacó la calidad nutricional de este alimento y su reducido impacto ambiental: “Tenemos una proteína de mucha calidad, con una huella de carbono muy baja”.
El BNG insiste en la trazabilidad y en la competencia justa
La eurodiputada recordó que ya había visitado las instalaciones de Opmega el pasado mes de septiembre, acompañada por la diputada del Parlamento gallego Rosana Pérez, después de formular una pregunta a la Comisión Europea en la que advertía sobre la competencia del mejillón chileno.
Miranda considera que la posible reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de la Unión Europea debe servir para reforzar la protección del producto gallego y garantizar una información transparente sobre su procedencia. “Esperamos que con la posible reforma de la OCM, la Comisión Europea apoye al mejillón gallego en la trazabilidad del producto, con el objetivo de que el consumidor disfrute de la mayor transparencia sobre el origen de lo que come”, indicó.
El BNG reivindica la importancia estratégica del sector mejillonero para la economía y el empleo de Galicia, así como su contribución a la conservación de los ecosistemas marinos. En la comunidad existen más de 3.300 bateas distribuidas a lo largo de la costa, una actividad de la que dependen alrededor de 12.000 trabajadores y trabajadoras y que genera una facturación anual próxima a los 125 millones de euros.