El BNG reclama un mapa de precios de la vivienda en Galicia para identificar los municipios con mercado residencial tensionado
El BNG reclama la publicación de un "Mapa de Tensión Residencial de Galicia" que permita conocer, municipio a municipio, la evolución de los precios de la vivienda e identificar aquellos que ya cumplen los requisitos legales para ser declarados zonas de mercado residencial tensionado.
La formación nacionalista considera que esta información es necesaria para conocer la dimensión real del problema de la vivienda en Galicia y para poder aplicar medidas destinadas a contener el incremento de los alquileres. El BNG también advierte de que la falta de estas declaraciones implica consecuencias económicas, al limitar el acceso a determinadas líneas de financiación e incentivos públicos.
La portavoz de Vivienda del BNG en el Parlamento Gallego, Alexandra Fernández, anunció el registro de una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar la publicación de estos datos y que se declaren de oficio todas las zonas que cumplan los criterios establecidos en la normativa.
Fernández acusa a la Xunta de mantener una "ocultación deliberada" de la información sobre los precios de la vivienda al no facilitar los datos desagregados por municipios. "La Xunta no es que no tenga los datos: es que los oculta deliberadamente para no cumplir la ley", afirmó.
La parlamentaria nacionalista puso como ejemplo la evolución de los alquileres en los municipios en los que existen datos públicos. En los últimos cinco años, según los datos citados por el BNG, los precios aumentaron un 57% en Ferrol, un 39% en Vigo y un 37% en A Coruña, mientras también se registraron incrementos en Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense.
"Esto no es un problema técnico. El Partido Popular no es que no sepa cómo actuar, es que son objetores de las políticas públicas de vivienda por pura ideología. Están del lado de la especulación y no del lado de la gente", aseguró Fernández.
Pérdida de financiación para vivienda pública
El BNG señala que la decisión de no declarar nuevas zonas tensionadas también tiene un impacto económico sobre Galicia, al impedir el acceso a financiación e incentivos vinculados al Plan Estatal de Vivienda.
Fernández explicó que, por cada diez viviendas que un ayuntamiento o la Xunta quiera adquirir para incorporarlas al parque público, se deja de percibir del Plan Estatal el 15% de su valor, además de 120.000 euros en ayudas destinadas a pequeñas obras de adecuación.
La diputada calculó también que en una promoción de 50 viviendas públicas la Xunta dejaría de recibir 800.000 euros en subvenciones directas por la falta de declaración de la zona.
Según el BNG, la situación también afecta a la promoción privada, al reducir los incentivos destinados a los promotores. Fernández advirtió de que se pueden perder más de 100.000 euros de ayuda por vivienda industrializada, lo que, a su juicio, acaba dificultando y encareciendo el acceso a la vivienda para las familias.
"Están perjudicando a los ayuntamientos, a los promotores de vivienda protegida y a todas las familias gallegas; incluso la propia Xunta pierde financiación con esa decisión", denunció.
El BNG pide aplicar los criterios de la Ley 12/2023
La PNL presentada por el BNG reclama que el mapa residencial se elabore cruzando, municipio a municipio, los precios del alquiler con los indicadores establecidos en la Ley 12/2023, con el objetivo de determinar qué municipios cumplen los requisitos para ser declarados zonas de mercado residencial tensionado.
La formación también solicita que se desarrolle el marco sancionador y los protocolos de inspección necesarios para garantizar la efectividad de las declaraciones ya aprobadas, como las de A Coruña y Santiago de Compostela.
Además, reclama eliminar los obstáculos burocráticos para los municipios que estén aplicando planes de medidas correctoras.
"No es aceptable este grado de opacidad", afirmó Fernández, que considera necesario hacer visible la situación de los miles de gallegos y gallegas que viven en zonas que, según el BNG, cumplirían los criterios para ser consideradas tensionadas.
"Queremos que se vea la realidad, lo grave de la situación y cómo ya hay miles de gallegos y gallegas viviendo en zonas que cumplen la definición de tensionadas, pero que no pueden recibir las inversiones previstas en los planes de vivienda porque la Xunta se niega a declararlas como tal", añadió.
Fernández concluyó reclamando que el Gobierno gallego publique el mapa de tensión residencial y asuma sus competencias para declarar de oficio todas aquellas zonas que cumplan los requisitos establecidos por la ley.