El Congreso da luz verde a la ley que permitirá el traspaso de la AP-9 a la Xunta
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves de manera definitiva la ley que abre la puerta a la transferencia de la AP-9 a Galicia, después de rechazar las modificaciones incorporadas por el Partido Popular durante su tramitación en el Senado. La decisión permite que salga adelante el texto validado previamente por la Cámara Baja con el apoyo de PSOE, Sumar y BNG.
La norma establece el marco para que la Xunta asuma la titularidad de la Autopista del Atlántico, así como las competencias relacionadas con la concesión y con la gestión de la infraestructura. Para materializar este proceso, el Estado y la Administración autonómica deberán negociar en la Comisión Mixta de Transferencias las condiciones concretas del traspaso, que posteriormente serán aprobadas mediante un real decreto.
El acuerdo deberá definir cuestiones como la autorización de nuevos tramos, enlaces o reformas de la vía, las funciones de inspección y control de la concesionaria, el régimen sancionador y los criterios para la modificación de los peajes, de las tarifas y de los programas de bonificación.
La ley también fija que el Estado continuará asumiendo las obligaciones económicas derivadas de las decisiones adoptadas mientras la AP-9 permaneció bajo su competencia. De este modo, los compromisos financieros vinculados a las modificaciones de la concesión realizadas antes del traspaso seguirán siendo responsabilidad de la Administración central.
Las enmiendas defendidas por el PP en el Senado, que finalmente no prosperaron, pretendían reforzar las garantías económicas de la transferencia, establecer de forma directa el traspaso de la titularidad y obligar al Estado a asumir la financiación de futuras bonificaciones en la autopista.
El debate volvió a evidenciar las diferencias entre los grupos parlamentarios. El BNG calificó la aprobación de la norma como un paso histórico tras años reclamando que Galicia gestione esta infraestructura estratégica y acusó a los populares de intentar retrasar el proceso.
Desde el PSOE también cuestionaron la postura del PP, al considerar incoherente defender el traspaso de la AP-9 en Galicia y, al mismo tiempo, promover cambios que, a su juicio, dificultaban su aprobación en las Cortes Generales.
Por su parte, los populares insistieron en que sus enmiendas reproducían el acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia y advirtieron de que el modelo finalmente aprobado podría suponer para la Xunta asumir costes de hasta 4.000 millones de euros, circunstancia que, según sostienen, condicionaría una futura eliminación de los peajes.