El Congreso da luz verde a la tramitación de la transferencia de la AP-9 a Galicia con el apoyo de PSOE, BNG y Sumar
El proceso para hacer efectiva la transferencia de la AP-9 a Galicia continúa avanzando en el Congreso de los Diputados tras la aprobación, este martes, del informe de la ponencia encargada de tramitar la ley orgánica que permitirá el traspaso de la autopista. El texto salió adelante gracias al acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar, con el respaldo también de formaciones como Bildu, ERC, PNV y Junts, mientras que PP y Vox votaron en contra.
La propuesta contempla el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico a la comunidad gallega, aunque el Estado mantendría las obligaciones económicas derivadas de las decisiones adoptadas durante el período en el que la infraestructura permaneció bajo su competencia y vinculadas a la concesionaria Audasa.
Por su parte, la Xunta asumiría los costes y responsabilidades financieras derivados de las modificaciones que decida aplicar en el futuro sobre el régimen económico de la concesión una vez que el traspaso sea efectivo.
Los grupos que impulsan el acuerdo consideran que el nuevo texto respeta el espíritu de la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, aunque admiten cambios en la redacción. Por el contrario, tanto el Gobierno gallego como el PPdeG sostienen que el documento modifica aspectos esenciales del texto inicial y reduce las garantías económicas previstas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya había manifestado el lunes sus críticas al acuerdo, mientras que la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, aseguró que el Ejecutivo gallego no aceptará que se “desvirtúe” el consenso alcanzado en el Parlamento autonómico.
A pesar de la oposición de populares y Vox, la mayoría de los grupos parlamentarios apoyaron el informe de la ponencia, por lo que la iniciativa continuará ahora su tramitación en la Comisión de Transportes y posteriormente en el pleno del Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará mayoría absoluta para su aprobación definitiva.
Posteriormente, la norma deberá pasar también por el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, antes de su entrada en vigor.
Desde Sumar explicaron además que finalmente quedaron fuera del debate varias enmiendas relacionadas con las mariscadoras y con la minería, al no guardar relación directa con la AP-9.
El PPdeG justificó su voto negativo reclamando que se mantenga intacto el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego. Los diputados populares Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja acusaron a los grupos promotores del pacto de intentar apartar al principal partido de Galicia del acuerdo sobre la autopista.
Los populares consideran que el nuevo redactado altera cuestiones fundamentales, especialmente en lo referido a las garantías económicas. Reclaman que el Estado continúe financiando los compromisos adquiridos, incluidas las bonificaciones de los peajes y la supresión de la subida tarifaria del 1% aplicada desde 2019.
El PP también expresó su preocupación por la eliminación de una disposición que obligaba al Estado a asumir posibles consecuencias económicas en el caso de que la justicia europea declare nulas las prórrogas de la concesión de la AP-9.
Según los populares, la desaparición de esa cláusula podría provocar importantes perjuicios económicos para Galicia, especialmente en el contexto de las investigaciones abiertas por la Comisión Europea sobre las ampliaciones de la concesión de la autopista.