El grupo socialista denuncia una "agresión irresponsable" de la Xunta al no aprobar el Plan de la Minería de Galicia
La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, reclamó a la Xunta que apruebe el Plan de Minería de Galicia que obliga la Ley de Minería de Galicia y que llevan incumpliendo 17 años. Iglesias presentó una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento —que será votada mañana miércoles— para exigir planificación, transparencia, participación y seguridad en el sector.
Iglesias advirtió de la falta de planificación por parte del gobierno gallego, que sigue sin modelo minero para el país y gestiona el sector a golpe de improvisación tomando decisiones “antes de diagnosticar, evaluar y restaurar”.
Criticó una gestión “profundamente irresponsable” que condena a “repetir los errores del pasado”, como demuestra al anunciar la reactivación de megaproyectos que ya habían sido rechazados.
Alertó de que la conselleira de Industria sigue sin explicar su respuesta al problema de los pasivos ambientales, cómo quiere restaurar explotaciones problemáticas y cómo piensa recuperar la confianza social perdida.
En este sentido, señaló que “existe desconfianza legítima porque hay antecedentes reales del fracaso y de la incompetencia del gobierno gallego”. Recordó los casos de San Finx y la contaminación de la ría de Noia, el accidente de Monte Neme, o las minas de Touro-O Pino, Corcoesto o A Penouta, que “generaron y generan gran preocupación social con procedimientos judiciales abiertos y problemas ambientales”.
La parlamentaria socialista reivindicó un modelo de minería sostenible, compatible con la protección ambiental, con la actividad agroganadera, pesquera y forestal y con la salud de las personas, que evalúe “proyecto a proyecto” y garantice “rigor” en las decisiones y que ponga como condición la restauración antes de la explotación.
La propuesta que presentó hoy urge a la Xunta a aprobar el Plan de minería, garantizar la participación ciudadana temprana, auditar los pasivos ambientales, la restauración previa de las explotaciones abandonadas, exigir garantías financieras y técnicas a las concesionarias y aplicar el principio de “quien contamina, paga”.