Educación

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, defendió durante la reunión que esa reducción debería ser aún mayor en los ciclos de Grado Medio y Superior

La CIG-Ensino valoró como "un avance positivo, aunque podría ser más ambicioso" la propuesta del Ministerio de Educación para modificar el Real Decreto 659/2023, que regula la ordenación del sistema de Formación Profesional, y que incorpora la reducción de la ratio máxima en la FP Básica hasta los 15 alumnos por aula, una reivindicación histórica del sindicato. Según la normativa propuesta, esta medida debería comenzar a aplicarse ya a partir del próximo curso 2026-2027.

La novedad fue abordada en la reunión del grupo de trabajo 4 celebrada esta mañana, en la que también se trataron cuestiones relacionadas con la climatización de los centros educativos y con el mantenimiento de los colegios que imparten el segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO, especialmente en el ámbito rural.

El Ministerio propone modificar la disposición adicional séptima del Real Decreto para establecer que las administraciones educativas reduzcan progresivamente las ratios en las distintas ofertas de Formación Profesional presencial hasta un máximo de 25 estudiantes por docente en los ciclos de Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización, y hasta un máximo de 15 alumnos por profesor o profesora en la FP Básica, especialmente en los ciclos que requieren el uso de talleres, laboratorios y otros espacios específicos. El objetivo es que estas ratios estén plenamente implantadas al inicio del curso 2028-2029.

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, defendió durante la reunión que esa reducción debería ser aún mayor en los ciclos de Grado Medio y Superior con un mayor componente práctico, situando la ratio en 20 estudiantes por docente, así como establecer un máximo de 30 alumnos en la modalidad a distancia. Además, criticó que la Consellería de Educación de la Xunta no esté aplicando ya la ratio máxima de 25 alumnos por aula en todos los ciclos ordinarios, escudándose en la expresión "preferentemente" recogida en la normativa estatal.

En lo referente al resto de las etapas educativas, la organización sindical valoró positivamente los avances propuestos para el primer ciclo de Educación Infantil, pero insistió en reclamar nuevas rebajas de las ratios, proponiendo un máximo de 15 alumnos en el segundo ciclo de Infantil y de 25 en Bachillerato, frente a las cifras de 20 y 30 que contempla actualmente la propuesta ministerial. También solicitó reducir el número de estudiantes asignados al profesorado especialista en atención a la diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y orientación educativa.

Desde el Ministerio se señaló que, aunque existe margen para introducir mejoras, es necesario mantener un equilibrio con el conjunto de las administraciones educativas y de los agentes implicados. Además, se avanzó que próximamente se hará público el índice de vulnerabilidad del alumnado con necesidades educativas especiales, con el objetivo de incorporarlo al futuro proyecto de ley sobre adaptación de las ratios y reforzar así la atención a la diversidad.

En la reunión también se abordó una propuesta para modificar el Real Decreto 132/2010, relativa a los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. El texto incorpora un nuevo apartado destinado a garantizar el bienestar del alumnado y del personal mediante medidas de climatización adaptadas al confort térmico y a las consecuencias del cambio climático. Además, insta a las administraciones educativas a asesorar a los centros para que cuenten con protocolos de actuación frente a episodios de temperaturas extremas u otros riesgos climáticos, incluyendo medidas como la reorganización de horarios, la adaptación de las actividades físicas o la protección específica del alumnado más vulnerable.

La CIG-Ensino reclamó que estas decisiones no recaigan en los propios centros educativos, sino que sean las administraciones autonómicas las que establezcan protocolos claros sobre cuestiones como el mantenimiento de la actividad lectiva o la realización de actividades al aire libre en situaciones meteorológicas adversas. El sindicato también incidió en la necesidad de que todos los centros dispongan de espacios exteriores acondicionados y recordó las particularidades climáticas de Galicia, con un elevado nivel de precipitaciones, zonas de montaña con inviernos muy fríos y un aumento de las olas de calor en los últimos años. En este contexto, la organización volvió a defender la concentración de la jornada lectiva en horario de mañana durante los meses de junio y septiembre.

Otro de los aspectos tratados fue la situación de los centros educativos del rural. El Ministerio propone incorporar por primera vez criterios cualitativos para decidir la continuidad de estos colegios, reconociendo que hasta ahora esta cuestión carecía de respaldo normativo. Además, se prevé que las administraciones puedan adaptar tanto las ratios de alumnado por docente como el número máximo de estudiantes por unidad a las características específicas del entorno, garantizando también los recursos humanos, la conectividad y los medios digitales necesarios.

La CIG-Ensino considera positiva la inclusión de estos criterios cualitativos, ya que entiende que, en un territorio como Galicia, con una elevada dispersión geográfica, el cierre de un centro escolar puede obligar a muchos niños y niñas a realizar desplazamientos diarios de entre 40 y 50 kilómetros, superando en algunos casos una hora de trayecto, una situación que, según el sindicato, vulnera los derechos básicos de la infancia. No obstante, insiste en que la regulación de las ratios en las aulas mixtas y otras cuestiones organizativas deben seguir siendo competencia de la Xunta de Galicia.