El personal de los servicios sociales se moviliza en Santiago para reclamar salarios dignos y más recursos
Personal de los sectores de la discapacidad, menores, educación infantil de 0 a 3 años, residencias y Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) se movilizó este jueves en Santiago de Compostela para reclamar mejores condiciones laborales y salariales, más recursos y un sistema gallego público de atención a las personas.
La protesta comenzó por la mañana en la Cidade da Cultura, coincidiendo con la presencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García, y se trasladó posteriormente a la sede de la Xunta en San Caetano, donde se leyó un manifiesto con las principales demandas de los distintos ámbitos. La movilización fue promovida por las organizaciones sindicales CIG, CUT y SNEP, que denuncian la falta de respuesta y de voluntad negociadora del Gobierno gallego.
Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las ratios, el refuerzo de las plantillas y la incorporación de profesionales especializados para garantizar una atención individualizada, segura y de calidad. Los sindicatos advierten de que las personas trabajadoras de estos servicios desarrollan su labor en un contexto de sobrecarga, falta de medios humanos y materiales y condiciones laborales y salariales que consideran necesario mejorar de manera urgente.
Las organizaciones reclaman también recuperar el poder adquisitivo perdido, actualizar los salarios conforme al IPC y aplicar los incrementos pactados en los convenios colectivos. En el ámbito privado, piden constituir mesas tripartitas gallegas, con la participación de la Administración, los sindicatos y las patronales, para negociar complementos salariales y avanzar en la equiparación de las condiciones laborales con el sector público.
En el Servicio de Ayuda en el Hogar, las demandas se centran en la estabilidad en el empleo, el reconocimiento de las horas efectivamente trabajadas, incluidos los desplazamientos que correspondan, la cobertura de vacantes y bajas y la garantía de los permisos y las vacaciones. También reclaman protocolos para prevenir y afrontar situaciones de violencia en los domicilios y en los centros de trabajo.
Las peticiones incluyen medidas específicas para cada sector. En el ámbito de la discapacidad, solicitan más personal, centros públicos especializados y mejoras en los recursos de valoración y orientación. En menores, reclaman actualizar la normativa y reforzar los equipos profesionales. Para la educación infantil de 0 a 3 años, proponen reducir las ratios, implantar la pareja educativa, mejorar los recursos y promover el uso de la lengua gallega.
En el caso de las residencias, centros de día y otros recursos para personas mayores o dependientes, piden equiparar las condiciones laborales y salariales con las del sector público, además de reforzar los medios y la seguridad. En el ámbito público, demandan también más protección física y jurídica para el personal técnico, el refuerzo de los equipos de menores y la dotación de los centros de educación especial de los profesionales necesarios.
Las organizaciones sindicales exigen la apertura de mesas de negociación tanto para el personal del ámbito privado como para el público. Advierten de que, si no se producen avances y no se adoptan medidas efectivas, el conflicto continuará y no descartan nuevas movilizaciones ni jornadas de huelga.
«La atención a las personas no puede sostenerse a costa de la precariedad de quienes las cuidan», señalan los sindicatos, que vinculan la mejora de los derechos laborales de los profesionales con la calidad de los servicios que reciben las personas usuarias.