El personal lingüista de la Xunta se encierra en San Caetano para reclamar negociación y más medios
El personal lingüista de la Xunta de Galicia se encerró este lunes en las instalaciones de San Caetano para denunciar la falta de avances en las negociaciones con la Administración y reclamar información sobre las cargas de trabajo y la actividad que desarrolla el colectivo. La protesta fue convocada por la CIG-Administración Autonómica, que acusa a la Xunta de mantener bloqueada una negociación efectiva al no facilitar los datos necesarios sobre el funcionamiento del servicio.
Las negociaciones iniciadas el pasado 8 de septiembre no permitieron, según la organización sindical, alcanzar acuerdos y desembocaron en una nueva propuesta de convenio presentada este 5 de octubre. La CIG considera que el documento no resuelve la situación de un colectivo mayoritariamente femenino y que, según recuerda, lleva años protagonizando conflictos laborales que llegaron a los tribunales y obligaron a la Administración a reconocer el vínculo laboral de las personas afectadas.
La organización denuncia que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude pretende mantener unas condiciones de precariedad basadas en jornadas de media duración y contratos limitados a siete meses al año para desarrollar tareas de tutorización, formación y evaluación de los cursos Celga y de lenguaje administrativo y jurídico gallego.
Según la CIG, la relación de puestos de trabajo contempla 18 plazas, de las que actualmente solo nueve están ocupadas por las personas titulares. La distribución es también desigual territorialmente, con 15 puestos en A Coruña, uno en Lugo, dos en Pontevedra y ninguno en Ourense. El sindicato critica que la Administración todavía no ha publicado la lista complementaria necesaria para cubrir todos los puestos fijos ni ha creado una lista de sustituciones.
La central sindical asegura además que desde el pasado 1 de septiembre la carga de trabajo del personal se duplicó sin que se produjese un aumento proporcional de la jornada. También cuestiona que estos empleados públicos estén bajo la coordinación de una persona ajena a la Administración.
Para la CIG, el volumen de trabajo que soporta este colectivo tiene un carácter estructural y no responde a una situación puntual. Como ejemplo, señala que a lo largo del año se encargan funciones similares a personal colaborador, entre el que se encuentra profesorado de las escuelas oficiales de idiomas, docentes de secundaria o empleados de la propia Administración que ya desempeñan su actividad a jornada completa. El sindicato reclama mayor transparencia sobre los criterios de selección, las retribuciones y los costes asociados a estas colaboraciones.
La organización sindical también alerta de la diferencia existente entre la oferta de formación en gallego y la demanda real. Según sus datos, esta situación se mantiene año tras año sin que la Xunta adopte medidas suficientes para corregirla, en un contexto que la CIG califica de emergencia lingüística.
Los cursos de lenguaje administrativo y jurídico gallego son, según la central, un ejemplo de esta situación. En 2026, la Escola Galega de Administración Pública convocó, mediante un convenio con la Secretaría Xeral da Lingua, 1.200 plazas para estas formaciones, frente a las 5.650 solicitudes recibidas. Esto supone, según los datos aportados por el sindicato, que el 78,76% de la demanda quedó sin atender.
La CIG señala además que parte de la formación se canaliza mediante convenios con entidades privadas, con condiciones de acceso restringidas en función de la titulación o de la colegiación y con matrículas que pueden llegar a los 400 euros.
Ante esta situación, el sindicato reclama que se hagan públicos los datos completos de la actividad, una negociación efectiva, puestos a jornada completa durante los doce meses del año, el refuerzo del personal y una oferta suficiente de formación pública y gratuita.
La CIG-Administración Autonómica advierte de que continuará con las movilizaciones y con las medidas que considere necesarias si no se producen avances. La organización critica que la Xunta defienda públicamente su compromiso con la lengua gallega mientras, según denuncia, mantiene en condiciones precarias al personal encargado de impartir formación lingüística y deja sin cubrir una parte importante de la demanda de capacitación del propio personal empleado público.