El PSdeG acusa a la Xunta de cargar sobre los vecinos el coste de los nuevos desarrollos de vivienda
El Grupo Socialista denunció este miércoles en el Parlamento gallego la gestión de la Xunta en materia de vivienda y de servicios de emergencias. Por una parte, el portavoz socialista de Vivienda, Aitor Bouza, criticó las condiciones propuestas a los propietarios de los terrenos destinados a nuevos desarrollos residenciales y acusó al Gobierno gallego de trasladarles a los vecinos parte del coste de las actuaciones.
Por otra, la diputada Paloma Castro cuestionó la distribución de vehículos y dispositivos electrónicos a los grupos de emergencia supramunicipales (GES), así como la falta de personal y los problemas de funcionamiento de los equipos.
Aitor Bouza denunció que «la Xunta invita y tienen que pagar las vecinas y vecinos» por los polígonos de viviendas que pretende desarrollar en Galicia. Así lo manifestó durante la comparecencia en el Parlamento del director general de Vivienda, en la que se abordó la Estrategia Gallega de Suelo Residencial.
El responsable socialista criticó la gestión de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) y aseguró que el Gobierno gallego pretende ofrecer tres o cuatro euros por metro cuadrado a los propietarios de los terrenos, una cantidad que calificó de «ridícula e insultante». Como ejemplo, se refirió al proyecto del barrio de Mallou, en Santiago de Compostela, que está provocando una fuerte contestación social y que tendrá continuidad con una concentración vecinal este mismo fin de semana.
Bouza retó al director general de Vivienda a acudir a la protesta para repetir los «anuncios y promesas» de la Xunta. El diputado socialista sostuvo que entre 2009 y 2024 no se hizo nada para disponer de suelo residencial en Galicia y que, tras dos años y medio desde el anuncio de 25.000 viviendas, «no hay ninguna».
El portavoz del PSdeG aclaró que los socialistas no se oponen al desarrollo de suelo para construir viviendas cuanto antes y a precios accesibles, pero rechazó que el Ejecutivo gallego pretenda hacerlo «a costa de todas las vecinas y vecinos». A su juicio, el Partido Popular considera la política de vivienda «un engorro», por lo que, según denunció, eliminó la mitad del presupuesto al llegar a la Xunta y pasó 17 años sin construir apenas viviendas protegidas.
El socialista reclamó también que el Gobierno gallego atienda la propuesta de su partido de crear un Banco Público de Alquiler que garantice precios accesibles para los inquilinos y seguridad a los propietarios. Bouza señaló que el líder socialista en Santiago de Compostela también defendió esta iniciativa e instó a la Xunta a cambiar de posición.
En su intervención, Bouza acusó al PP y al Gobierno gallego de «venir a vanagloriarse de incumplir la Ley Electoral», en referencia a la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al polígono de San Paio de Navia para anunciar una promoción de vivienda pública. El diputado recordó que la normativa electoral establece que no se pueden realizar anuncios de este tipo una vez convocadas las elecciones.
El portavoz socialista criticó que la vivienda pública solo le interese al PP como recurso electoral y puso como ejemplo la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusó de rescatar a los bancos en lugar de a las personas. También censuró que las viviendas fueran consideradas «activos tóxicos» y que se crease la Sareb en vez de ponerlas a disposición de la ciudadanía.
El PSdeG denuncia deficiencias en el material de los grupos de emergencia
Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro criticó en la comisión parlamentaria la distribución de material de la Xunta a los grupos de emergencia supramunicipales. La parlamentaria defendió la necesidad de invertir en estos servicios, pero cuestionó que el gasto público se traduzca «realmente en una mejora de la seguridad ciudadana».
Castro denunció que la Xunta entregó vehículos a grupos de emergencia que nunca llegaron a constituirse, por lo que tuvieron que ser devueltos. Según afirmó, algunos de esos vehículos llegaron a utilizarse en algunos municipios para otras finalidades, como una fiesta de la espuma, antes de aparecer posteriormente en actos institucionales de entrega de material a otros servicios.
La diputada también cuestionó el funcionamiento de las tabletas electrónicas repartidas hace aproximadamente un año, que, según aseguró, continúan sin funcionar correctamente. Castro explicó que, durante una jornada de formación para enseñar a utilizar la aplicación Mobilidade, los profesionales descubrieron que el programa no estaba instalado en los dispositivos.
«Es decir, se entregaron los dispositivos, se organizó la formación, se repartieron manuales, pero faltaba la aplicación que debía permitir utilizarlos para su finalidad», resumió. La socialista añadió que el problema sigue sin resolverse y que las restricciones de seguridad impiden utilizar las tabletas incluso para herramientas básicas como Maps.
Otro de los problemas señalados afecta a los equipos de comunicación Tetra. Castro recordó que la Xunta anunció una inversión de 1,6 millones de euros, con financiación europea, para dotar a los servicios de emergencias de este sistema y facilitar su integración en la red pública Resgal.
Los GES quedaron inicialmente fuera del reparto, pero, cuando comenzaron a recibir los equipos, descubrieron que se pretendía que los ayuntamientos asumieran los costes de mantenimiento y acceso a la red. La diputada denunció que esta situación afecta especialmente a los municipios pequeños, muchos de ellos con recursos económicos limitados, pese a que se trata de dispositivos necesarios para comunicarse con otros servicios de emergencias.
Castro advirtió también de la falta de efectivos en los grupos de emergencia, mientras se anuncian nuevas inversiones. Según denunció, hay GES incompletos, cierres de bases y turnos en los que trabaja una única persona.
«¿De qué sirve entregar vehículos si no se garantiza su mantenimiento? ¿De qué sirve comprar herramientas si no hay personal suficiente para utilizarlas?», preguntó la parlamentaria socialista.
Finalmente, la diputada se sumó a la queja trasladada a la Valedora do Pobo sobre el uso de la denominación profesional de bomberos por parte del personal de los GES. Castro cuestionó que se discuta esa denominación mientras el convenio atribuye a estos grupos intervenciones en incendios, salvamentos y otras emergencias bajo la coordinación del 112.
«No se puede pedir responsabilidad a los trabajadores y al mismo tiempo dejar sin resolver las dudas sobre su protección, su dotación y las condiciones en las que intervienen», advirtió. La socialista reclamó a la Dirección General de Emergencias que dé respuesta a esta situación y resuelva los problemas que, según denunció, afectan al funcionamiento de estos servicios.