El PSdeG denuncia el aumento de los contratos menores en el Sergas y acusa a la CSAG de silenciar la sanción a la familia de un conselleiro
El Grupo Socialista llevó este miércoles al Parlamento gallego dos denuncias relacionadas con la gestión del Gobierno de Alfonso Rueda: por una parte, el incremento de las adjudicaciones mediante contratos menores a grandes empresas de la sanidad privada y, por otra, el tratamiento informativo de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), antigua CRTVG, sobre la sanción a una empresa vinculada a la familia del conselleiro de Empleo por contratación irregular de trabajadores.
En la Comisión Institucional, la portavoz socialista de Transparencia, Patricia Iglesias, denunció que el Gobierno gallego ha multiplicado por cuatro los contratos "a dedo" firmados con grandes grupos de la sanidad privada durante los últimos cuatro años. Según expuso la parlamentaria a partir del último informe del Consello de Contas, el Sergas realizó 572 adjudicaciones con empresas como Quirón, HM Hospitales, Rivera Salud, Vita o Recoletas, por un importe total de 9,75 millones de euros.
Iglesias advirtió además de que 39 de estas adjudicaciones superarían el límite legal establecido para los contratos menores. La socialista llevó a la Cámara una proposición no de ley para reclamar la puesta en marcha de un Plan extraordinario de control y fiscalización de la contratación menor del Sergas, una iniciativa que fue rechazada por el PP.
La portavoz de Transparencia también puso el foco en las autorizaciones de uso temporal, una figura que, según denunció, tiene carácter excepcional pero estaría siendo utilizada de manera habitual por la Administración sanitaria. Según los datos manejados por Iglesias, este mecanismo supuso 249,5 millones de euros para el Sergas.
La parlamentaria reclamó medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos y garantizar la publicidad, la concurrencia y la transparencia en la contratación pública. A su juicio, el uso de estas fórmulas acaba favoreciendo a las grandes empresas privadas y perjudicando la calidad asistencial de la sanidad pública.
Críticas al tratamiento informativo de la CSAG
En la Comisión de Control de la CSAG, la portavoz socialista, Silvia Longueira, centró sus críticas en el tratamiento que los servicios informativos de la televisión pública gallega dieron a la sanción impuesta a una empresa de la familia del conselleiro de Empleo por contratar de manera irregular a dos trabajadores inmigrantes en situación irregular.
Longueira aseguró que la información sobre el caso quedó reducida a "una línea a modo de boletín oficial" emitida en el informativo matinal ocho días después de conocerse los hechos. La socialista cuestionó así a la dirección de la CSAG por, según su versión, hacer pasar "absolutamente desapercibido" un asunto que afectaba a la familia de un miembro del Gobierno gallego.
La portavoz socialista criticó que en los informativos no se ofreciese un contraste de las distintas versiones ni se informase suficientemente sobre la actuación de la Inspección de Trabajo. También denunció la ausencia de la posición de la oposición en el tratamiento de la información.
Longueira recordó las críticas formuladas por Defende a Galega sobre la supuesta manipulación política de los servicios informativos y utilizó este caso como ejemplo. Según afirmó, existe una diferencia en el tratamiento de los conflictos laborales dependiendo de si afectan a una empresa sin vinculación política o a la empresa de la familia de un integrante del Gobierno.
"Cuando la televisión pública informa de un conflicto laboral de una empresa desconocida está bien, pero si afecta a la empresa de la familia de un miembro del Gobierno, la información desaparece, se minimiza o queda relegada", afirmó la parlamentaria socialista.