El PSdeG denuncia que tres de cada cuatro parroquias prioritarias llegaron sin desbrozar al verano
La diputada socialista Carmen Dacosta aseguró este martes en el Parlamento de Galicia que el convenio impulsado por la Xunta para la limpieza de las franjas de protección contra incendios está “en bragas”, una expresión que atribuyó a alcaldes y alcaldesas afectados por la falta de ejecución de los trabajos preventivos sobre el territorio.
Durante la defensa de una moción sobre la eficacia del modelo gallego de prevención y extinción de incendios forestales, Dacosta reclamó una transformación del actual sistema para avanzar hacia un servicio público único, profesional, estable y permanente, adaptado a los llamados incendios de nueva generación.
La parlamentaria socialista advirtió de que los incendios forestales han dejado de ser una emergencia estacional para convertirse en una amenaza permanente que requiere actuaciones durante todo el año. En este sentido, criticó la decisión de la Xunta de recurrir nuevamente a la contratación temporal de 42 brigadas de refuerzo a través de SEAGA, con un dispositivo de alrededor de 180 efectivos que trabajará durante noventa días entre mediados de julio y octubre.
Dacosta aclaró que sus críticas no se dirigen al personal que integra estos equipos, cuyo trabajo calificó de profesional y comprometido, sino a la decisión política de responder con contrataciones temporales a necesidades que, según afirmó, la propia Administración considera estructurales.
La diputada sostuvo que los datos oficiales de la Xunta evidencian las carencias del modelo actual. Según explicó, de las 276 parroquias consideradas prioritarias para ejecutar actuaciones preventivas antes de la época de alto riesgo, 206 seguían sin desbrozar cuando esta comenzó. “Tres de cada cuatro”, subrayó, una cifra que, a su juicio, desmonta el discurso optimista del Gobierno gallego.
También destacó que 19 de las 26 parroquias catalogadas como de Alta Actividad Incendiaria volvieron a registrar incendios a lo largo de 2025, lo que representa cerca del 75 % del total. Para la socialista, estos datos muestran que no se está actuando de forma efectiva en los territorios con mayor riesgo.
En su discurso, Dacosta hizo referencia a las críticas formuladas por distintos regidores, incluidos algunos del Partido Popular, al convenio suscrito por la Xunta para que SEAGA asuma la limpieza de las franjas secundarias de protección en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Según indicó, los alcaldes denuncian retrasos en los trabajos, falta de personal y dificultades para encontrar empresas de desbroce disponibles.
La diputada citó incluso declaraciones públicas del alcalde de Muíños, quien advirtió de la falta de mano de obra, también en SEAGA, y aseguró que otros responsables municipales llegaron a resumir la situación afirmando que “el convenio está en bragas”.
Dacosta sostuvo además que la propia documentación de la encomienda realizada a SEAGA reconoce la insuficiencia de recursos en determinados períodos y zonas y contempla la necesidad de ampliar la plantilla si estas circunstancias se mantienen en el tiempo. Por este motivo, reclamó la creación de puestos estructurales permanentes para atender las necesidades del dispositivo.
La parlamentaria recordó también que sindicatos como UGT y Comisiones Obreras vienen denunciando que el recurso a la contratación temporal supone una precarización de funciones que consideran estructurales dentro del sistema de prevención y extinción de incendios.
En su intervención, Dacosta reprochó a la Xunta no haber aplicado las recomendaciones elaboradas tras los graves incendios de 2017. Recordó que entonces se constituyó una comisión especial en el Parlamento, se aprobó un dictamen y se puso en marcha un grupo de expertos para analizar el problema. “Había un diagnóstico y una hoja de ruta, pero no hubo voluntad política para aplicarla”, afirmó.
La moción presentada por el Grupo Socialista incluía seis propuestas dirigidas a mejorar la planificación, el control y la transparencia de las actuaciones preventivas, así como a reorganizar los medios del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales y avanzar hacia un modelo público y permanente. La iniciativa fue finalmente rechazada tras el voto en contra del Partido Popular.