El PSdeG exige a la Xunta una reforma para blindar el derecho al aborto
El derecho al aborto centró parte del debate en el Pleno del Parlamento de Galicia, donde la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Paloma Castro, reclamó a la Xunta que apoye una reforma constitucional para blindar la interrupción voluntaria del embarazo frente a lo que considera una amenaza de retroceso por parte del PP y Vox. Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió el modelo asistencial gallego y destacó que el 99 % de los abortos realizados durante el primer semestre de 2026 se practicaron en la sanidad pública.
Castro alertó de que PP y Vox pretenden "retroceder, con suerte, 40 años" en los derechos de las mujeres. La responsable socialista presentó una interpelación en el Parlamento tras las declaraciones del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, en las que pedía modificar la Ley del aborto en cuestiones como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la autorización parental para las menores de 16 y 17 años.
La diputada advirtió de que estas propuestas podrían "devolvernos de un plumazo a una Ley de supuestos como la de 1985". En este sentido, defendió que "no existe libertad plena para las mujeres si no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestra maternidad y sobre nuestros proyectos de vida".
Castro insistió en que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no puede estar expuesta a posibles retrocesos legislativos y calificó de "increíble" que "en pleno siglo XXI estemos todavía intentando blindar nuestros derechos como mujeres porque en cuanto te despistas se tambalean".
La portavoz socialista consideró que la cuestión va más allá del cumplimiento actual de la normativa. "La cuestión no es si Galicia cumple hoy la Ley, la cuestión es qué garantía tendremos mañana de que ese derecho no sufra un retroceso", señaló. Frente a la "ofensiva reaccionaria", defendió el aborto como "una tarea inaplazable del presente para blindar el futuro".
Educación sexual y atención sanitaria pública
La iniciativa socialista también puso el foco en la necesidad de acompañar la garantía del derecho al aborto con políticas efectivas de educación sexual integral. Castro reclamó una formación accesible, con información veraz, actualizada y basada en evidencias científicas, que permita a las mujeres conocer su cuerpo, sus emociones y sus relaciones. Además, consideró esencial que esta educación sea respetuosa con la diversidad de experiencias, orientaciones y contextos sociales.
Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que Galicia reconoce, respeta y protege el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos por la legislación estatal vigente.
El responsable autonómico destacó que esta prestación se ha ido incorporando progresivamente a la red pública del Servizo Galego de Saúde y que todas las áreas sanitarias gallegas disponen actualmente de circuitos específicos para atender a las mujeres que solicitan esta intervención.
El acceso puede realizarse a través de los Centros de Orientación Familiar o de los centros de salud, desde donde se activa el correspondiente circuito asistencial. Este incluye la valoración clínica, las pruebas necesarias en el ámbito hospitalario, la realización de la interrupción mediante la modalidad que corresponda y el seguimiento posterior.
El 99 % de los abortos ya se realizan en la sanidad pública
Gómez Caamaño subrayó que Galicia se sitúa entre las comunidades con un mayor peso de la sanidad pública en esta prestación. Según los datos aportados en el Parlamento, en 2025 el 96 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos, un porcentaje que ascendió al 99 % en el primer semestre de 2026.
El conselleiro explicó que las interrupciones de menos de 14 semanas se realizan habitualmente en los hospitales públicos de referencia. En el caso de las intervenciones entre las 14 y las 22 semanas, se aplican los requisitos clínicos establecidos por la normativa estatal, mientras que para los embarazos de más de 22 semanas existe un procedimiento específico que requiere la intervención de los comités clínicos correspondientes.
Según indicó, este sistema permite una valoración multidisciplinar y homogénea, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2010, y garantiza la atención tanto en los procedimientos más habituales como en los de mayor complejidad.
El titular de Sanidade también señaló que, cuando no es posible prestar la atención en un determinado centro público por razones organizativas o cuando la propia mujer solicita acudir a un centro concertado, el Servizo Galego de Saúde garantiza y financia igualmente la prestación.
Finalmente, Gómez Caamaño destacó que la organización de las áreas sanitarias tiene en cuenta la disponibilidad de los profesionales y el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. El conselleiro concluyó asegurando que la Xunta respeta y seguirá respetando los derechos de las mujeres y la legislación vigente, garantizando la atención a todas las solicitantes de una interrupción voluntaria del embarazo.