El PSdeG lleva al Parlamento el caso de la bodega de la familia del conselleiro de Empleo, mientras la CIG pide su dimisión

Los socialistas reclaman todas las ayudas públicas recibidas por Casal de Armán desde 2009 y la comparecencia de José González
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16 Sep 2026

El caso de los dos trabajadores migrantes sin permiso detectados en la vendimia de 2025 en viñedos vinculados a Casal de Armán, la bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, llega al Parlamento de Galicia de la mano del PSdeG, mientras la CIG reclama la dimisión o el cese del conselleiro tras la sanción de la Inspección de Trabajo.

El Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia registró doce preguntas y una proposición no de ley para reclamar la comparecencia de José González en la Cámara y pedir explicaciones sobre la presencia de las dos personas migrantes en situación irregular trabajando durante la vendimia. Además, solicitó a la Xunta la relación de todas las ayudas y subvenciones públicas recibidas por la bodega desde 2009, con sus importes y organismos concedentes.

La Inspección de Trabajo detectó a los dos trabajadores sin autorización para trabajar en una actuación de oficio durante la vendimia del pasado año. El expediente sancionador se dirigió contra Viña Campiñas, S.L., sociedad del grupo familiar que gestiona los viñedos de los que procede la uva de Casal de Armán.

El conselleiro defendió la “honorabilidad” de la empresa y de su familia y calificó lo sucedido de “desgraciado incidente”, atribuyéndolo a un error de la bodega al confiar en la empresa de trabajo temporal con la que trabaja habitualmente. José González también recordó que dejó de ser socio de la empresa en 2018.

El PSdeG considera insuficientes estas explicaciones y reclama conocer si los dos trabajadores estaban dados de alta en la Seguridad Social, si contaban con cobertura en caso de accidente y quién respondería por ellos ante un posible percance laboral. “En el Parlamento no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Empleo”, señaló la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta.

Los socialistas también cuestionan que, mientras el conselleiro defiende una “inmigración ordenada” y reclama al Gobierno central competencias sobre las autorizaciones de trabajo de temporada, se produjese esta situación en viñedos vinculados a su familia. “Pide poder autorizar trabajos de temporada mientras en la vendimia de las viñas de su familia había dos personas sin permiso. Eso también tiene que explicarlo”, afirmó Dacosta.

En relación con las ayudas públicas, el PSdeG recuerda también una sentencia del TSXG publicada por Praza.gal según la cual Bodegas Casal de Armán incumplió una subvención de Medio Rural de 47.000 euros cuando el actual conselleiro todavía era socio de la empresa. “Cuando una empresa recibe dinero público, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y para qué”, apuntó la diputada.

Por su parte, la CIG considera “intolerable” que José González continúe como máxima autoridad laboral de Galicia después de la actuación de la Inspección de Trabajo. El secretario general del sindicato, Paulo Carril, reclama que el conselleiro dimita o sea cesado y cuestiona que pueda seguir ejerciendo la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.

Carril señala que la situación resulta especialmente grave al producirse en una empresa vinculada al ámbito familiar del responsable de las políticas de empleo y emigración de la Xunta. A su juicio, el conselleiro “no está legitimado para seguir ejerciendo esa responsabilidad” y considera que mantenerse en el cargo supondría dar “normalidad” a los hechos.

La CIG relaciona además el caso con las reivindicaciones de José González para que Galicia asuma competencias en materia de permisos de extranjería. Carril defiende que la transferencia de competencias debe servir para “ganar derechos, no para disfrazar la explotación” y cuestiona que pueda utilizarse para no actuar ante situaciones como la detectada en la vendimia.

El PSdeG, por su parte, pide que, una vez esclarecidos los hechos, se depuren las responsabilidades políticas que correspondan. Entre sus preguntas figura también la relativa a la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección de Trabajo y si informó de ella al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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