El PSdeG lleva al Parlamento una alternativa al proyecto de la Xunta contra la violencia digital
El Grupo Socialista registró en el Parlamento de Galicia su proposición de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, presentada como alternativa al proyecto aprobado por el Consello da Xunta en julio. El texto socialista cuenta con 40 artículos e incorpora una perspectiva feminista, frente a los 26 artículos del proyecto del Gobierno gallego.
La iniciativa sitúa en el centro la protección de las mujeres y las niñas y plantea una respuesta que incluye prevención, atención integral, asistencia jurídica, retirada de contenidos y reparación del daño. Según el PSdeG, con carácter general, estos derechos no quedarían condicionados a la presentación previa de una denuncia ni la reparación dependería de una resolución judicial firme.
La presidenta del PSdeG, Carmela Silva, aseguró que “Rueda quiere presumir de la primera ley de España contra la violencia digital. Nosotros queremos una que funcione”. En su opinión, las víctimas necesitan protección inmediata y no deberían tener que esperar a una sentencia para recibirla.
Uno de los principales aspectos de la propuesta es la respuesta ante la difusión de contenidos. El texto establece que la Xunta garantice un servicio especializado para ayudar a las víctimas a solicitar a las plataformas la retirada, el bloqueo, la desindexación o la limitación de los contenidos, así como para hacer seguimiento de estas peticiones y preservar las pruebas.
La diputada Paloma Castro defendió la necesidad de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones. “Cada hora que un vídeo íntimo sigue circulando es una hora más de daño. Por eso proponemos actuar ya, y hacerlo sin perder las pruebas”, señaló.
La proposición identifica diferentes formas de violencia digital, entre ellas la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, los contenidos sexuales falsos generados mediante inteligencia artificial, los deepfakes, la sextorsión, la geolocalización no consentida, la apropiación de cuentas, la exposición de datos personales, la violencia económica digital y las campañas coordinadas de acoso y descrédito.
La secretaria de Igualdad del PSdeG, Natalia González Beneitez, afirmó que “la violencia digital contra las mujeres no es virtual. Es violencia machista con herramientas nuevas y busca lo de siempre: controlar, humillar y callar”. En este sentido, rechazó que la respuesta ante estas situaciones pase por que las mujeres cierren sus cuentas o abandonen su actividad pública.
En el ámbito educativo, el texto propone introducir la prevención en todas las etapas, incluida la universidad, con contenidos relacionados con el consentimiento, la pornografía, la captación sexual y la inteligencia artificial. También contempla protocolos en los centros educativos para detectar situaciones de violencia, habilitar canales seguros y actuar con rapidez evitando la revictimización.
La propuesta incorpora además los Centros de Información ás Mulleres y los centros de crisis 24 horas en una respuesta coordinada, con el objetivo de facilitar el acceso a los diferentes recursos sin obligar a las víctimas a repetir su relato en cada servicio.
El PSdeG reclama una atención específica para mujeres mayores, residentes en el rural, con discapacidad, migrantes o en situación de dependencia. También presta especial atención a las mujeres con presencia pública, política, sindical o profesional, por su exposición a campañas de acoso y silenciamiento.
“Cuando atacan a una mujer en las redes para que calle, la agresión es contra ella, pero quien pierde es la democracia”, afirmó Carmela Silva.
La proposición también establece medidas relacionadas con la aplicación de la futura norma en el ámbito municipal. El texto señala que las nuevas funciones de los concellos deberán ir acompañadas de los recursos económicos y técnicos necesarios y, cuando sea preciso, de personal.
Entre los mecanismos de seguimiento previstos figuran una dotación presupuestaria suficiente, la elaboración en un plazo máximo de seis meses de un Plan gallego contra la violencia digital contra las mujeres, un calendario de implantación, un informe anual y una evaluación integral cada tres años que deberá remitirse al Parlamento.
La iniciativa tendrá que superar ahora el trámite de toma en consideración en el Pleno del Parlamento de Galicia. Paloma Castro aseguró que “el PP tiene mayoría para votarla en contra. Lo que ya no podrá decir es que no había alternativa”.