El PSdeG pregunta a Rueda cómo sabe que el TSXG desbloqueará los parques eólicos suspendidos
El Grupo Parlamentario Socialista exigió este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que explique qué “truco” utiliza para afirmar con rotundidad que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) va a desbloquear los casi noventa parques eólicos suspendidos cautelarmente. La portavoz socialista de Economía e Industria, Patricia Iglesias, fue directa al asunto en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en el Parlamento: “En un Estado de Derecho, los presidentes autonómicos no están para actuar como adivinos judiciales, y mucho menos cuando hablamos del máximo órgano jurisdiccional de Galicia”.
El PSdeG considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque eólico de Bustelo, invocada por Rueda como argumento para su anuncio, no resuelve los procedimientos en suspenso. “No lo resuelve, y sus asesores jurídicos deberían habérselo advertido”, subrayó Iglesias. La portavoz socialista explicó que el fallo del Supremo se refiere a una cuestión muy concreta, relacionada con la fragmentación de proyectos eólicos con infraestructuras de evacuación compartidas, en una línea similar a la doctrina del propio Tribunal del año 2025. Los casos suspendidos en el TSXG, en cambio, “tienen un fuerte componente ambiental sobre el que no existe todavía ni una sola sentencia del Tribunal Supremo”.
Iglesias relacionó estas declaraciones de Rueda con una circunstancia que calificó de “especialmente preocupante”: el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso a la Sección Segunda. Esos magistrados eran precisamente los que estaban llevando los principales asuntos eólicos en el país. “Respetamos escrupulosamente la independencia judicial, y le pedimos al presidente Rueda que haga lo mismo”, afirmó.
Con todo, la portavoz socialista fue más allá de la polémica judicial. Para Iglesias, el verdadero problema eólico en Galicia no son los tribunales: “El verdadero problema son los 17 años de gobiernos del PP sin planificación energética”.
Galicia sigue rigiéndose por el Plan Sectorial Eólico de 1997. Casi treinta años después. Sin una planificación adaptada a la realidad ambiental, social y económica actual, “lo que deriva de eso son las suspensiones judiciales y la inseguridad jurídica. No es culpa del TSXG. Es la consecuencia directa de la incompetencia del gobierno gallego para ordenar el desarrollo eólico durante más de una década y media”.
Como muestra del desorden legislativo, la portavoz recordó que la ley del sector eólico acumula ya catorce modificaciones, todas ellas introducidas por la puerta de atrás, a través de leyes de medidas. “¿Qué operador jurídico sabe qué ley se le aplica? Esto es trabajar la casa por el tejado en vez de por los cimientos, y crea un caldo de cultivo de inseguridades jurídicas sin precedentes”, advirtió.
Un pacto de país para la transición energética
El PSdeG defendió su posición: “Somos los del sí. Los del progreso, los del avance. Queremos más energía eólica, terrestre y marina, y queremos acelerar la transición energética”. Pero con unas condiciones que el gobierno gallego, según Iglesias, no está garantizando: planificación real, seguridad jurídica, participación de los territorios antes de que los proyectos se tramiten, y que la riqueza generada por los recursos naturales se quede en Galicia.
La portavoz apostó por un pacto de país en transición energética y criticó el modelo de Recursos de Galicia, una sociedad “opaca” impulsada por el gobierno del PP para gestionar los recursos naturales gallegos. Reclamó también avanzar en la repotenciación de los parques más antiguos, pero “con diálogo con los territorios, no con imposición, porque los que pagan siempre son los mismos: los ayuntamientos rurales, que además van a ver reducida su recaudación del canon eólico en un 60%”.
En relación con la AP-9, Iglesias respondió a las declaraciones de la conselleira de Infraestructuras, quien calificó de “trampa” el texto acordado en el Congreso advirtiendo de que la Xunta rechazaría el traspaso en tales condiciones. Para la portavoz socialista, esa postura es “un superclásico del PP de Galicia: ‘Mucha queja, cero responsabilidad y cero vergüenza’”.
Iglesias recordó que “fue el gobierno de Aznar el que abrió esa concesión hasta 2048, regalando décadas de peajes a un concesionario privado. Si no fuera por Aznar, la AP-9 hoy estaría liberalizada y sería gratuita”, subrayó. Un punto de partida que, a juicio de la portavoz, condiciona toda la discusión posterior.
Desde esa base, el PP tiene ahora que explicar dos cosas: por qué votó en contra de la transferencia de la AP-9, y por qué lo hizo junto a VOX. “Eso es lo que debe explicar el PP”, insistió. Iglesias recordó en este sentido que fue el PSOE quien impulsó tanto las bonificaciones del 75% para los usuarios habituales como la ponencia en el Congreso. El objetivo, dijo, sigue siendo la gratuidad.
Sobre la declaración de Proyecto Industrial Estratégico para lo que podría ser la primera fábrica de SAIC en Europa, ubicada en el Puerto Exterior de Ferrol, Iglesias dijo aplaudirla, pero puso el foco en algo que, a su juicio, no se puede pasar por alto: “Esa alianza estratégica comercial la pilotó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con esa labor de diplomacia y relaciones institucionales con China”. Rueda, recordó, llegó después, en un viaje que él mismo dijo que no era político. La portavoz socialista defendió que el resultado es fruto de la colaboración entre las dos administraciones, y reclamó que el proceso, tal y como pidió Gómez Besteiro, culmine con una mesa de trabajo, pilotada por el Ministerio de Industria junto con la Xunta y la empresa, para garantizar que la instalación genere empleo, industria auxiliar y tejido productivo real en el territorio.
Por último, preguntada sobre si considera buena idea que Sánchez continúe en La Moncloa, Iglesias no dudó: en Galicia hay cosas demasiado importantes sobre la mesa como para jugar con eso. El PERTE de la automoción, los fondos europeos, la construcción de vivienda pública con seis de cada diez euros procedentes del Gobierno central, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, “todo eso vino de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez”. Adelantar elecciones, dijo, “solo serviría de argumento para frenar todos estos impulsos y generar incertidumbre en un contexto internacional muy complejo”.
Y al PP le dejó un mensaje claro: si quieren cambiar el Gobierno, el mecanismo está en la Constitución. “La moción de censura está prevista, pero tiene que haber un programa, una propuesta de país, y eso no lo tiene el PP de Núñez Feijóo”.