El PSdeG se centrará en el próximo pleno en la vivienda y la sanidad
El Grupo Parlamentario Socialista centrará su actividad en el próximo pleno del Parlamento de Galicia en las preocupaciones reales de los gallegos y las gallegas: la vivienda y la sanidad. Así lo explicó este martes la secretaria de Organización del PSdeG y diputada, Lara Méndez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. El secretario general y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, abrirá el turno socialista preguntándole al presidente de la Xunta qué valoración hace de la ausencia de políticas del Gobierno gallego para fortalecer los avances sociales en Galicia.
La iniciativa principal será una proposición de ley para reformar el artículo 60 de la Ley 8/2012 de vivienda de Galicia y conseguir que el régimen de protección de las viviendas de promoción pública y de las de protección autonómica sea permanente, también para las solicitudes que estén en trámite. La norma actual permite que algunas dejen de estar protegidas y acaben en el mercado libre, de modo que el esfuerzo de toda la ciudadanía termina generando plusvalías privadas.
"Lo que se construye y se financia con dinero público tiene que seguir siendo público", resumió Méndez, para quien Galicia no puede permitirse perder ni una sola vivienda pública cuando el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la juventud y de las familias.
En sanidad, los socialistas defenderán una moción sobre las listas de espera, con una demora media que, según los últimos datos del Sergas, roza los 90 días para una operación y los 100 para una prueba diagnóstica. "Los pacientes necesitan soluciones y no explicaciones", afirmó Méndez. El PSdeG pide un plan de contratación de profesionales dedicados a reducir las listas, un sistema de cómputo que recoja a todas las personas que esperan y los tiempos reales, competencias para que la Inspección Sanitaria fiscalice las listas con una evaluación anual pública y una negociación con los profesionales que mantienen paralizada la autoconcertación.
Las dos proposiciones no de ley pedirán a la Xunta que dote de un régimen sancionador a la Ley 2/2014 de igualdad de trato de las personas LGTBI, doce años después de su aprobación, y que revise el canon eólico. "Una ley de igualdad que no prevé consecuencias para quien discrimina es una ley que no se puede hacer cumplir", señaló Méndez, que alertó del acoso escolar por LGTBIfobia y del avance de los discursos de odio, y reclamó también actualizar la norma y reforzar el presupuesto de los programas para el colectivo. En el caso del canon, la repotenciación de los parques reduce el número de aerogeneradores y pone en riesgo los ingresos de los ayuntamientos rurales, por lo que el PSdeG propone un reparto proporcional a la potencia instalada y un proceso participativo con los municipios afectados.
En la interpelación, el grupo pedirá al Gobierno gallego que aclare si considera la interrupción voluntaria del embarazo un derecho y si apoya blindarla en la Constitución. Méndez recordó que el PP presentó una enmienda a la totalidad a la reforma del artículo 43 que el Gobierno de España envió al Congreso en abril, y que esa reforma decayó con la disolución de las Cortes. "Los derechos de las mujeres no están libres de retrocesos", advirtió.
La pregunta urgente versará sobre los fondos de compensación interterritorial. Según el Consello de Contas, Lugo y Ourense no recibieron "ni un solo euro" en 2024, como ya había ocurrido en 2022 y 2023, y los socialistas quieren saber cómo lo justifica la Xunta. Las preguntas ordinarias tratarán sobre las carencias del CEIP Emilio González López de Cambre, donde 80 niños y niñas comen en un contenedor pensado para 40 y las familias reclaman la renovación de los baños, y sobre el porcentaje de productos gallegos o de proximidad en la contratación pública alimentaria de la Xunta, que la Estrategia Gallega de Contratación Pública Horizonte 2030, aprobada en enero, dice querer impulsar. "Ahora toca comprobar si se está cumpliendo", dijo Méndez.
Preguntada por los disturbios de estos días en Barcelona y A Coruña y, anoche, en Bilbao, Méndez defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse y condenó a los violentos, vengan de donde vengan, que son, dijo, "los mínimos". En su opinión, la gente sale a la calle "con toda legitimidad" porque el PP y la extrema derecha "ya no se cortan" a la hora de hablar de recortar pensiones, privatizar la sanidad pública o votar en contra de los decretos de vivienda que protegen a las personas vulnerables, como en el caso de Mari Carmen, que tuvo que dejar su casa de Madrid después de más de setenta años. Citó también la cancelación en Castilla y León de una obra de teatro sobre Lorca.
Sobre la remodelación de la Xunta, en la que Ángeles Vázquez pasa a Política Social y Nicolás Vázquez asume Medio Ambiente, Méndez acusó a Rueda de premiar a los principales avalistas de Altri, un proyecto al que el Gobierno central le ha dicho que no tres veces, y pidió que el PP no ponga el contador a cero después de diecisiete años de gobierno. "En el caso de la conselleira Ángeles Vázquez sería más complicado decirlo, porque ya lleva once años", apuntó.
Sobre el acuerdo entre PP y Vox para el Senado, criticó que la derecha quiera mantener el control de la Cámara Alta "como instrumento para confrontar con el Gobierno de España" y no para velar por el territorio ni por las necesidades de la ciudadanía.