El PSOE acusa a la Xunta de favorecer a empresas que tienen vínculos familiares con el PP
La portavoz de Transparencia del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, acusó hoy en el Parlamento al PP de utilizar el Gobierno de la Xunta para construir un «espacio de privilegios para empresas con vínculos familiares con altos cargos» del partido mediante el abuso de los contratos «a dedo». Así lo afirmó durante el debate de una pregunta en comisión, en la que exigió a la Xunta que aplique garantías para prevenir estas prácticas irregulares, que suponen miles de millones de euros.
Iglesias alertó de «indicios de fraude o de corrupción» en el abuso de adjudicaciones a las mismas empresas relacionadas con altos cargos del PP gallego mediante contratos «a dedo», sin concurrencia competitiva. Según el último informe de fiscalización del Consello de Contas, los contratos menores representan una parte muy importante de los contratos de la Xunta, que suman 877 millones de euros, cerca de 3.000 millones si se incluye a la Administración paralela.
La responsable socialista formuló esta pregunta después de que el juzgado citara como investigado al director de Quirón Prevención en la causa que analiza un presunto reparto de comisiones relacionadas con la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la compra de material sanitario. Esta investigación vuelve a poner el foco en la conexión gallega con Mape Asesores, de la que el responsable de Quirón era consejero en la empresa pontevedresa.
Según el Consello de Contas, aquella empresa recibió 4,7 millones de euros por la compra de batas desechables durante la pandemia, con un sobrecoste del 37 %, además de que los contratos de emergencia del Sergas con esta empresa sumaron 9,7 millones de euros durante la pandemia. Señaló que «las coincidencias no son casualidades», como el hecho de que la principal beneficiaria de contratos del Sergas durante la pandemia fuera Universal Support, donde trabaja el cuñado de Feijóo.
Patricia Iglesias cuestionó la práctica habitual del Gobierno de acumular contratos menores con empresas señaladas, que supusieron, por ejemplo, más de 1.300 facturas entre los años 2018 y 2025 por valor de cinco millones de euros con el Grupo Eulen, en el que precisamente la hermana de Feijóo dirige la zona norte.
Criticó que los planes de prevención de la corrupción aprobados por el Gobierno gallego «se quedan en el papel» cuando «en la práctica no hay detección de conflictos de intereses» ni medidas correctoras y se sigue permitiendo que una parte de la contratación pública se firme «a dedo, sin concurrencia ni publicidad». Exigió «medidas para evitar esas coincidencias y favorecer la transparencia, limitar los contratos menores y prevenir conflictos de intereses».
Iglesias formuló también una pregunta por la falta de un registro de grupos de interés —lobbies— en Galicia, mientras que otras comunidades autónomas, como Baleares, Cataluña o Andalucía, sí lo han puesto en marcha. Acusó al PP de haber impedido este control al votar en el Congreso, junto con Vox y Junts, en contra del real decreto ley que los regulaba.