El PSOE asegura que la ley contra la violencia digital «se queda corta» para proteger a mujeres y niñas
La diputada socialista Paloma Castro defendió este martes en el Pleno del Parlamento la enmienda a la totalidad del PSdeG al proyecto de Ley gallega de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital. Castro coincidió en que Galicia necesita una norma específica contra esta violencia, pero cree que la del Gobierno gallego, que Alfonso Rueda anunció en noviembre de 2024 y prometió para 2025, se queda corta: «Para llevar tantos años cociéndose, quedó muy poco hecha», lamentó.
Uno de los principales motivos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es que el texto de la Xunta, por su carácter general, diluye una dimensión esencial del fenómeno: buena parte de la violencia digital contra mujeres y niñas nace de la desigualdad de género y reproduce en la red los mismos mecanismos de dominación que existen fuera de ella. «El machismo no desaparece detrás de una pantalla, el machismo se adapta, se moderniza. Utiliza nuevas herramientas para ejercer el mismo control de siempre», afirmó Castro, que citó el control mediante la geolocalización, la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento, las campañas de odio o las imágenes sexualizadas creadas con inteligencia artificial.
En esta línea, la proposición de ley que el Grupo Socialista ya registró en la Cámara, con 40 artículos frente a los 26 del proyecto de la Xunta, mantiene la protección general para cualquier víctima y añade una respuesta propia para la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
Castro también considera insuficiente la prevención en las aulas. El proyecto prevé protocolos en los centros educativos, pero sin concretar suficientemente qué deben contener. Los socialistas quieren que el alumnado aprenda a reconocer el acoso sexual en línea, la presión para conseguir imágenes íntimas, la captación sexual de menores o el chantaje con la difusión de contenidos, y que se trabaje el consentimiento y el análisis crítico de la pornografía. Sin ese mínimo, advirtió, «las respuestas dependerán de los recursos y de la iniciativa de cada centro».
La diputada echó en falta respuestas para quienes tienen más dificultades para defenderse, como las mujeres mayores o con discapacidad, las que viven en el medio rural o las familias con pocos recursos. «No podemos permitir que quien tenga más dinero pueda pagar protección, asesoramiento jurídico o seguridad digital mientras quien menos tiene queda desamparada», señaló. La propuesta socialista regula además la situación de las víctimas de trata o explotación sexual, porque los canales digitales «han facilitado enormemente el trabajo a las mafias de la prostitución».
Castro pidió también una respuesta específica para las mujeres con presencia pública, que pueden sufrir campañas masivas para expulsarlas del debate político, periodístico, sindical, cultural o académico. Y puso un ejemplo propio. La semana pasada publicó en sus redes un vídeo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros compañeros en la Festa do Marisco de O Grove. El primer comentario fue una pregunta: «¿Cómo tienes las rodillas?». «Esto es el pan de cada día para las mujeres que nos dedicamos a la política, y no podemos tolerarlo. Es machismo», denunció.
En la atención a las víctimas, el PSdeG quiere evitar que una mujer tenga que «peregrinar de servicio en servicio» y contar una y otra vez lo que le ha pasado. «El sistema público debe organizarse alrededor de la víctima, y no obligar a la víctima a organizarse alrededor del sistema», resumió Castro. Por ello, la propuesta socialista incorpora los Centros de Información a la Mujer, con formación específica para su personal y más recursos, y los centros de crisis 24 horas cuando la violencia digital sea también violencia sexual, todos coordinados con el resto de servicios públicos. Los socialistas reclaman además un Plan Gallego contra la Violencia Digital contra las Mujeres, con objetivos, recursos, indicadores y evaluación, y datos específicos sobre este fenómeno en el Observatorio Gallego de la Violencia de Género.
Por último, Castro defendió a los ayuntamientos, que son «muchas veces, la primera puerta a la que llama una persona cuando necesita ayuda», y exigió que cada nueva responsabilidad que la ley les atribuya venga acompañada de la financiación suficiente por parte de la Xunta, sobre todo en los municipios con menos población y mayor dispersión. «No puede funcionar así: la Xunta legisla y los ayuntamientos pagan».
En la réplica, la diputada tendió la mano al PP. «Nosotros no queremos que esta ley fracase. Todo lo contrario», aseguró, y anunció enmiendas parciales para mejorar el texto.
Los populares presumen de que Galicia será la primera comunidad de España con una ley específica contra la violencia digital, una marca que Rueda había prometido para 2025 y que sigue pendiente, porque el texto todavía está en tramitación. Castro respondió que ser los primeros no es suficiente: «Si queremos una ley pionera, tiene que serlo también en los compromisos, en los recursos y en las garantías». Y lanzó una pregunta a la bancada popular: «¿Esta ley garantiza que, cuando una mujer, una niña o cualquier víctima la necesite, la ley esté realmente ahí para protegerla?».
Y cerró con una advertencia: «Una ley que promete mucho pero compromete poco corre el riesgo de quedarse exactamente en eso: en una declaración de intenciones. Y, por desgracia, en eso ustedes son expertos».