El PSOE exige a la Xunta que negocie una justicia gratuita con inversión para el turno de oficio
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Paloma Castro, reclamó hoy al conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, que la Xunta se siente a negociar «de verdad» un nuevo acuerdo con el Consello da Avogacía Galega y con el Consello Galego de Procuradores en materia de compensación económica por la asistencia jurídica gratuita.
El acuerdo lleva caducado desde 2025 y el Gobierno gallego salió del paso con una prórroga aprobada de forma unilateral, limitada a una actualización del IPC. «Una decisión adoptada sin que hubiera un acuerdo real con los profesionales. Sustituyendo la negociación por una prórroga», criticó la diputada socialista, que considera que ahora, con los trámites presupuestarios ya iniciados, «es el momento» de sentarse a hablar.
Castro advirtió de que no estamos ante un conflicto puramente económico entre la Administración y unos colectivos profesionales. «Estamos hablando del derecho de las personas que no tienen recursos económicos a acceder a la Justicia en condiciones de igualdad, y del derecho de unos profesionales que realizan un servicio público a ser dignamente retribuidos», afirmó.
Por eso reclamó, cuando menos, tres millones de euros adicionales destinados realmente a actualizar los importes y a pagar actuaciones que hoy no se retribuyen: la disponibilidad en las guardias, con una propuesta de 100 euros en día laborable y 200 en día festivo; los medios adecuados de solución de controversias (MASC); y los gastos de infraestructura que soportan los colegios, desde el personal hasta los equipos informáticos.
La portavoz socialista recordó que la propuesta formal del Consello da Avogacía Galega va todavía más allá y sitúa la necesidad en un incremento mínimo del 50 % sobre la partida actual, además de pedir una actualización automática conforme al IPC, que la firma del baremo se produzca antes del 1 de enero y que los acuerdos no superen los dos años de vigencia.
Y puso en duda que sea suficiente con subir el presupuesto global, porque buena parte de ese aumento va destinado a cubrir un mayor número de servicios: «Si el incremento presupuestario se limita a cubrir ese mayor número de actuaciones, los profesionales seguirán cobrando prácticamente lo mismo por cada servicio prestado». Los últimos datos del Observatorio sitúan a Galicia en 5,59 euros de inversión por habitante, en la 12.ª posición entre las comunidades autónomas, lejos de los 8,92 euros de Asturias y por debajo de los 7,25 euros de media estatal.
Castro reprochó al conselleiro que la precariedad de las retribuciones del turno de oficio «sigue siendo la gran asignatura pendiente» de su consellería, «ya lo era cuando Rueda estaba al frente y usted no le está poniendo remedio». Y cerró su intervención con una advertencia: «La Xunta no puede cumplir con la obligación constitucional de prestar este servicio público a costa de la precariedad de las abogadas y de los abogados. Tiene la obligación de reconocer y dignificar la labor de cientos de profesionales que llevan décadas sosteniendo con su trabajo diario uno de los servicios públicos más valiosos de nuestro sistema constitucional. Defender a quien defiende nuestros derechos».