El PSOE exige a la Xunta una fecha de pago para las familias del marisqueo de la ría de Arousa
La diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro, exigió hoy a la directora general de Pesca que fije una fecha concreta para pagar las ayudas pendientes a las personas mariscadoras a flote de la ría de Arousa. Llevan nueve meses sin poder trabajar y, según denunció, la Xunta todavía no les ha pagado ni un euro.
Castro recordó que el pasado 26 de septiembre la Consellería confirmó el cierre durante seis meses de los bancos de libre marisqueo de Cabío, Bohído y Lombos do Ulla, los más importantes de la ría. La justificación fue el sobreesfuerzo extractivo y la pérdida de biomasa. El sector aceptó la medida. Pero puso una condición clara: sin garantías sociales, el cierre es directamente una condena para las familias que viven de ello.
En la ría de Arousa hay entre 1.000 y 1.200 familias que dependen del marisqueo a pie. Y entre 150 y 300 más que viven del marisqueo a flote. A eso hay que sumar quienes trabajan alrededor de la actividad: transporte, hielo, venta, suministros. “Casi diez meses después, ni plan de ayudas, ni calendario de pagos, ni compromiso firme con los profesionales afectados”, denunció la diputada socialista.
El Diario Oficial de Galicia publicó el 6 de abril la orden que regula estas ayudas, dotada con dos millones de euros y cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El dinero debía compensar el cese de la actividad en estos bancos infralitorales, decretado en septiembre. Cuatro meses después de la publicación de la orden, el dinero sigue sin llegar a las personas afectadas.
Castro puso cifras sobre la mesa: la Zona III, que incluye Arousa, suma 1.439 permisos de marisqueo, el 43,51% del total gallego. “Y ustedes no lo ven como una prioridad, a la vista está”, afirmó.
La diputada también criticó que la Xunta derive las ayudas a mecanismos estatales, como el Gobierno central o el Instituto Social de la Marina, en lugar de asumir competencias y medidas sociales propias. Pidió también que se activen las hatchery públicas de A Illa y de Camariñas para producir semilla, en vez de seguir comprándola a empresas privadas.
“El sector no puede vivir permanentemente de anuncios, de titulares y de promesas. Las familias no pagan la hipoteca ni la luz con ruedas de prensa”, señaló Castro, que cerró su intervención con una exigencia concreta: “Le pedimos un compromiso claro: dígale al sector cuándo van a cobrar. Ponga una fecha ya”.
