El PSOE reclama a la Xunta un impulso a las comunidades energéticas en lugar de anunciar ayudas
La portavoz socialista de industria en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias, reclamó hoy a la Xunta que impulse las comunidades energéticas por su importancia respecto a la transición verde y los beneficios para el territorio. “Exportamos electricidad, pero seguimos teniendo familias que no pueden pagar la factura de la luz, empresas ahogadas por los costes energéticos y ayuntamientos sin apoyo para desarrollar proyectos de autoconsumo compartido”, lamentó.
La diputada del PSdeG confrontó en comisión parlamentaria dos modelos de política energética: “El del PP, de grandes anuncios y escasos beneficios para la ciudadanía”, y el del PSdeG, “que la energía producida en Galicia revierta en las familias, en los autónomos, en las pymes, en los barrios y en los ayuntamientos”.
Iglesias defendió que este tipo de comunidades fomentan un reparto justo de los beneficios de la transición energética y son, al mismo tiempo, “una forma de fijar población y de luchar contra la pobreza energética”.
Por ello censuró que el Gobierno de Rueda haya anunciado nuevas ayudas sin que se hayan publicado todavía, ya a punto de terminar junio, en el Diario Oficial de Galicia. “Hay fotografías del director general y hay propaganda, pero no hay bases ni convocatorias”, criticó.
También reprochó a la Xunta que el presupuesto previsto para esas subvenciones contemple “un importe inferior al de 2025”, con solo 300.000 euros para las comunidades de toda Galicia. “Estamos en junio. El año pasado salieron en marzo, y hubo dos ampliaciones porque existe demanda”, recordó. Pero ahora, “mientras hay una alta demanda, hay menos recursos”.
Así, Patricia Iglesias criticó que las ayudas se presentaron “tarde, mal, arrastrando los pies y no llegan a nada”.
La diputada socialista censuró especialmente que, según los datos que facilita la propia Xunta, el programa presupuestario dedicado a eficiencia energética y fomento de las energías renovables “solo ejecutó un 1,3 % de sus créditos durante el primer trimestre del año”. “Esto es lo que cree la Xunta en la eficiencia energética y en el consumo compartido, una vergüenza”, dijo.
Frente a este estado de las cosas, instó al Gobierno gallego “a liderar, apoyar a los ayuntamientos, simplificar trámites y crear una estrategia gallega para las comunidades energéticas” y a abandonar la idea de que la política energética “se hace de arriba abajo”.
“La transición energética debe ser justa y la vecindad tiene derecho a participar en ella, para que la factura de la luz sea más barata”, destacó para reivindicar un sistema “renovable, descentralizado, democrático y resiliente”.
La iniciativa que defendió Patricia Iglesias incluye, por ello, tres demandas: incentivos a la participación de la ciudadanía en las comunidades energéticas locales, con el fin de aprovechar las ventajas del autoconsumo compartido; la creación de una plataforma pública que informe de los datos más relevantes de todas las comunidades y visibilice tanto su naturaleza como su impacto positivo; y que se dote de recursos la constitución de esas comunidades energéticas a través de una línea de ayudas para la contratación de asistencias técnicas.