El Sindicato Labrego acusa a la Xunta de favorecer a las empresas en la evaluación ambiental de los proyectos
El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha cargado contra la nueva guía práctica para la evaluación ambiental presentada recientemente por la Xunta de Galicia, al considerar que está orientada a facilitar la tramitación de los proyectos empresariales en lugar de reforzar la protección ambiental y los derechos de la ciudadanía afectada.
Según denuncia la organización agraria, la herramienta fue presentada por el Ejecutivo autonómico como un instrumento para agilizar los procedimientos y ofrecer mayor seguridad jurídica, pero entiende que en la práctica beneficiará principalmente a las empresas promotoras. El sindicato sostiene que estas ya disponen de asesoramiento técnico especializado y acceso a la documentación administrativa, mientras que los vecinos afectados encuentran dificultades para acceder a los expedientes y participar en los procesos.
El SLG asegura que esta situación supone una "doble vara de medir" entre los promotores de los proyectos y la ciudadanía. En este sentido, critica que la Xunta destine recursos a elaborar herramientas de apoyo para las empresas mientras, según afirma, no existen mecanismos suficientes para facilitar información y asesoramiento a las personas afectadas por grandes proyectos industriales, energéticos o mineros.
La organización también cuestiona la política de ayudas públicas destinadas al sector minero. Como ejemplo, recuerda que la Consellería de Economía e Industria concedió subvenciones a empresas vinculadas a la actividad extractiva y cita entre ellas a Cobre San Rafael, promotora del proyecto minero de Touro.
El sindicato pone como ejemplos los casos de Abadín y Touro, que considera representativos del funcionamiento actual de los procedimientos ambientales. En Abadín denuncia que la Administración permitió ampliar plazos a una empresa promotora tras presentar documentación considerada insuficiente. En Touro asegura que numerosos vecinos quedaron excluidos de la condición de personas interesadas, limitando su participación en el proceso.
Ante esta situación, el Sindicato Labrego Galego reclama a la Xunta un cambio de rumbo. Entre sus demandas figura la creación de oficinas públicas de asesoramiento en cada provincia para informar y orientar a la ciudadanía sobre los grandes proyectos que afectan al territorio, así como garantizar el acceso efectivo a los expedientes tanto en formato digital como presencial.
La organización considera que la protección ambiental y los derechos de los vecinos deben situarse por delante de los intereses empresariales en la tramitación de este tipo de iniciativas.