El SLG denuncia el bajo coste de la uva de la DO Rías Baixas
El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) denuncia que la uva de la Denominación de Orixe Rías Baixas se está pagando en la actual campaña a precios equivalentes, e incluso inferiores, a los que establecía el contrato homologado que estuvo en vigor entre 2009 y 2011. Un acuerdo que nació en la Mesa do Viño con la mediación de la Administración y que, según señala la organización agraria, evidencia que el sector productor lleva más de una década sin ver reconocido el incremento de los costes.
La comparación, realizada a partir de documentación recuperada en las comarcas del Baixo Miño, refleja que los precios que reciben actualmente muchos viticultores y viticultoras apenas han variado respecto a los de hace quince años.
El contrato homologado de 2011 establecía unos precios mínimos de referencia en función de la graduación de la uva. En aquella campaña, las variedades albariño y caíño blanco se pagaban a 1,23 euros por kilo con 12 grados, a 1,39 euros con 12,5 grados y a 1,50 euros con 13 grados, sin IVA.
Según los datos recopilados por el SLG, estas cantidades son las que se están pagando actualmente, o incluso menos, en numerosas entregas de las zonas del Condado y O Rosal. El sindicato documenta precios de entre 1,20 y 1,30 euros por kilo, así como operaciones de venta que se sitúan entre los 0,60 y los 0,80 euros por kilo. Además, recuerda que el contrato de 2011 contemplaba una revisión anual vinculada al IPC que nunca podía suponer una reducción del precio, un mecanismo que actualmente no se está aplicando.
El coste de producción se sitúa en 1,5 euros por kilo
La organización agraria advierte de que la situación resulta especialmente preocupante al comparar los precios actuales con los costes de producción. El SLG estima que producir un kilo de uva cuesta actualmente alrededor de 1,5 euros, la misma cantidad que se establecía como precio mínimo en 2011 para la uva de 13 grados.
De este modo, un precio que hace quince años garantizaba un mínimo de referencia equivale ahora al coste que deben asumir los productores para obtener la uva, sin que ello suponga un margen que permita garantizar la rentabilidad de las explotaciones.
Una situación que recuerda a la vendimia de 2011
El sindicato considera que los problemas actuales recuerdan a los que se produjeron durante la vendimia de 2011. En aquel momento, el SLG alertó a sus afiliados de que algunas bodegas anunciaban que no recogerían toda la uva, a pesar de que el Consello Regulador había autorizado un incremento del 15 % en los rendimientos, con la intención de imponer un segundo precio más bajo.
Ante aquella situación, la organización advirtió de que no permitiría que se pagase por debajo del mínimo establecido en el contrato y anunció movilizaciones y medidas legales. Quince años después, denuncia que las quejas vuelven a ser las mismas: uva que se queda sin recoger y precios que no permiten cubrir los gastos de producción.
Una reivindicación que se remonta a hace veinte años
El SLG recuerda que la defensa de un precio digno para la uva es una reivindicación histórica del sector productor. Ya en la Mesa do Viño de 2006, los sindicatos agrarios defendieron un precio mínimo de 1,20 euros más IVA para la uva de 11,3 grados, con incrementos por cada décima de grado.
En aquel momento, las bodegas ofrecían cantidades de entre 0,75 y 1,20 euros, dependiendo de la graduación. Veinte años después, el sindicato señala que el precio que se paga en muchos casos no supera aquel mínimo que el propio sector productor ya consideraba insuficiente para cubrir los gastos.
Ante esta situación, el Sindicato Labrego Galego vuelve a reclamar a la Xunta de Galicia y a la Administración competente que establezcan y hagan cumplir un precio mínimo de referencia que cubra los costes de producción. También exige que se inspeccionen de oficio los contratos para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que se asegure la recogida de toda la uva de calidad.
La organización recuerda, además, que continúa a la espera de una respuesta tras la reunión mantenida en agosto con los ayuntamientos del Condado y O Rosal.