El SLG reclama medidas urgentes para garantizar el futuro de las granjas gallegas
La secretaria general del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG), la ganadera María Ferreiro, compareció esta mañana en la Comisión no permanente especial de estudio sobre los factores que influyen en el precio de la leche en Galicia y las dificultades para aplicar en la práctica la normativa de contratación alimentaria en el sector lácteo.
Al comienzo de su intervención, Ferreiro puso en valor la importancia del sector lácteo para Galicia, tanto para las explotaciones que viven de la producción como para el conjunto de la economía y la vertebración social del territorio. Según explicó, se trata de un sector fundamental para mantener la actividad en muchos municipios y evitar su despoblación.
La responsable del SLG destacó también dos conceptos fundamentales: el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El primero, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, implica el derecho de las personas a alimentarse con dignidad y con alimentos sanos y nutritivos. Por su parte, la soberanía alimentaria defiende el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local y el acceso a alimentos saludables. Un concepto promovido por la organización Vía Campesina, de la que forma parte el SLG, desde 1996.
Menos granjas y precios de la leche por debajo de la media estatal
Durante su intervención, María Ferreiro alertó sobre la desaparición continuada de explotaciones ganaderas en los últimos años. «En 2025 bajamos de las 5.000 granjas productoras de leche, una cifra impensable para muchas y muchos hace años», afirmó.
A pesar de que Galicia continúa siendo la comunidad autónoma con mayor producción de leche del Estado español, y de que sus explotaciones representan el 42 % de las granjas lecheras estatales, la secretaria general del SLG advirtió de que el sector sigue perdiendo capacidad productiva y económica.
Ferreiro señaló que el precio medio de la leche gallega se sitúa habitualmente por debajo de la media estatal. Así, según los datos citados en su intervención, en el mes de julio el precio medio ponderado en Galicia fue de 44,38 euros por cada 100 litros, sin IVA, frente a los 46,40 euros del conjunto del Estado y a los 49,10 euros de Asturias.
«Es necesario valorar las medidas adoptadas y hacer propuestas. Si queremos que Galicia siga siendo una de las regiones más importantes en la producción de leche, necesitamos defender el sector lácteo y los sectores productivos gallegos», afirmó.
Una normativa que debe garantizar la negociación y los costes de producción
La secretaria general del SLG recordó diferentes conflictos y medidas adoptadas en el sector a lo largo de los últimos años, entre ellos el acuerdo para la sostenibilidad y estabilidad del sector lácteo, firmado en septiembre de 2015, y el paquete lácteo, que introdujo obligaciones relativas a los contratos y a su duración.
Ferreiro señaló que, aunque estas medidas supusieron avances, quedaban pendientes aspectos fundamentales como las condiciones de fijación del precio y la negociación entre productoras, productores e industria.
También se refirió al papel de las organizaciones de productores de leche (OPL), que, según explicó, no consiguieron desarrollar negociaciones con consecuencias suficientes para las personas productoras, a pesar de contar con financiación pública para su puesta en marcha.
La responsable del SLG reclamó la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria y la elaboración de estudios públicos sobre los costes de producción con suficiente antelación para que sus resultados puedan ser tenidos en cuenta en los contratos posteriores. «Para nosotros, como personas productoras, es importante una ley que reconozca que se tiene que mantener la cadena de valor y que no podemos vender por debajo de los costes de producción», afirmó.
En este sentido, criticó la falta de herramientas eficaces para proteger a las ganaderas y a los ganaderos y garantizar el cumplimiento de la normativa.
«¿Qué modelo de granjas queremos?»
En un contexto marcado por el incremento de los costes de producción y por la inestabilidad internacional, María Ferreiro trasladó a la Comisión dos preguntas que considera fundamentales para abordar el futuro del sector: «¿Qué modelo de granjas queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestas a perder y cerrar granjas?».
La secretaria general del SLG denunció la dependencia de las explotaciones de los insumos externos y el impacto que tienen los conflictos comerciales y bélicos sobre la actividad agroganadera. Como ejemplo, se refirió al incremento del precio del gasóleo agrícola, que, según los datos expuestos, aumentó un 45,6 % entre febrero y comienzos de septiembre, pasando de 0,96 a 1,40 euros por litro.
Para Ferreiro, esta situación pone de manifiesto la necesidad de adoptar políticas públicas que garanticen la viabilidad de las explotaciones y permitan mantener la actividad agraria en el territorio.
El SLG reclama mesas de negociación con todas las partes
Entre las medidas propuestas, el Sindicato Labrego Galego defendió la continuidad de las mesas de negociación en las que estén representadas las personas productoras, la industria y la distribución.
El objetivo de estas mesas sería establecer un espacio de diálogo y seguimiento que permita garantizar el cumplimiento de la cadena de valor y una distribución equilibrada de los riesgos y beneficios entre las diferentes partes del sector.
La organización considera que la negociación debe permitir abordar los costes de producción y mejorar la capacidad de las explotaciones para defender sus intereses frente a la industria y a la distribución.
Propuestas para garantizar el futuro del sector lácteo gallego
En la parte final de su intervención, María Ferreiro presentó las principales propuestas del SLG para salvaguardar el futuro de las granjas gallegas. Entre ellas, reclamó una identificación clara del origen de los productos en el etiquetado, con especial apoyo al producto gallego y local, así como el cumplimiento del paquete lácteo y la estabilidad de los contratos.
El sindicato también defendió el apoyo público y administrativo a las iniciativas de transformación y comercialización directa, con el objetivo de reducir la dependencia de los intermediarios y favorecer que las explotaciones puedan obtener un mayor valor añadido por su producción.
Otra de las prioridades señaladas fue el relevo generacional, mediante políticas públicas que garanticen la incorporación de nuevas personas al sector y la continuidad de las explotaciones.
En relación con la Política Agraria Común (PAC), el SLG reclamó el mantenimiento del segundo PIAR y que Galicia pueda definir sus propias prioridades dentro de esta política, con un presupuesto sólido y garantizado.
La organización también alertó sobre la pérdida de superficie agraria útil (SAU) en Galicia. Según los datos citados por Ferreiro, la comunidad perdió 265.000 hectáreas de SAU en las últimas tres décadas y 120.000 desde 2005. «En este momento estamos por debajo de la cuarta parte de la superficie como SAU», explicó.
Ante esta situación, el SLG considera necesario impulsar políticas públicas que apoyen los mercados locales, las iniciativas de transformación y comercialización, la transición agroecológica y una agricultura y ganadería más resilientes.
Finalmente, la secretaria general reclamó que se preste especial atención a los efectos del cambio climático y a la aparición de nuevas enfermedades que afectan al ganado, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la continuidad de las explotaciones gallegas.