El TSXG lleva al Constitucional la ley que retiró la protección al lobo ibérico
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha acordado elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dos preceptos de la Ley estatal 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que permitieron la retirada de la protección del lobo ibérico. La decisión llega tras la petición formulada por el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y por Ecologistas en Acción de Galicia en el marco del recurso presentado contra la resolución de la Xunta que autorizaba controles de la especie durante la temporada cinegética 2025-2026.
El auto, notificado a las partes este lunes, estima parcialmente los argumentos de las organizaciones ecologistas y acuerda también suspender provisionalmente la tramitación del procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la admisión de la cuestión.
Según recoge la resolución, la Sala considera que los preceptos impugnados podrían vulnerar diversos principios constitucionales, entre ellos la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un medio ambiente adecuado. Además, el tribunal vincula el análisis con el principio de no regresión ambiental y con la obligación de actuar conforme a la mejor evidencia científica disponible.
Las organizaciones ecologistas sostienen que la desprotección del lobo fue introducida mediante enmiendas incorporadas durante la tramitación parlamentaria de una ley centrada en el desperdicio alimentario, una fórmula que consideran ajena al objeto de la norma y que permitió modificar el régimen de protección de la especie sin la correspondiente justificación científica ni participación pública.
El TSXG entiende que existen dudas razonables sobre la constitucionalidad de estas modificaciones y abre así la puerta a que sea el Tribunal Constitucional quien determine su validez. Mientras tanto, continúa vigente la suspensión cautelar de las autorizaciones relacionadas con la caza del lobo que el propio tribunal había acordado anteriormente. Además, la resolución de vedas para la temporada 2025-2026 ya no incluye al lobo como especie cinegética.
Desde el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico valoraron la decisión como un paso relevante para la conservación de la especie. Su portavoz, Ernesto Díaz, afirmó que el tribunal reconoció que la inclusión de la desprotección del lobo en una ley sobre desperdicio alimentario “puede ser inconstitucional” y mostró su confianza en que el Constitucional restablezca la protección de la especie.
Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López, consideró que la resolución supone un freno a los ataques contra la biodiversidad y criticó que la Xunta autorizase la caza del lobo pese a su estado de conservación desfavorable. Según indicó, “no se puede legislar contra la ciencia y contra el medio ambiente”.
Los representantes legales de las organizaciones recurrentes también destacaron la relevancia del auto. El abogado Jaime Doreste señaló que la posible vulneración del artículo 45 de la Constitución, del principio de no regresión ambiental y de la prohibición de la arbitrariedad constituyen argumentos sólidos que deberán ser examinados por el Tribunal Constitucional. Por su parte, la especialista en Derecho Ambiental Sara González Merinero subrayó que la resolución también cuestiona el procedimiento seguido para aprobar la norma, al entender que podrían existir deficiencias en materia de participación y transparencia.
El siguiente paso será la decisión del Tribunal Constitucional sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad. En caso de prosperar y declararse inconstitucionales los preceptos cuestionados, podría restablecerse la protección estatal del lobo ibérico y quedar sin cobertura legal las autorizaciones de control o caza aprobadas al amparo de la actual normativa.
Las organizaciones ecologistas avanzaron que continuarán con su actividad jurídica y social tanto en España como ante las instituciones europeas para defender la conservación del lobo ibérico y garantizar que su gestión se base exclusivamente en criterios científicos.