Elas Eles alerta de que la acumulación de cargas administrativas amenaza las granjas familiares gallegas
La Asociación de Ganaderos Elas Eles alerta de que la acumulación de cargas administrativas y ambientales sobre el sector del vacuno puede acelerar la desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones gallegas, en un contexto en el que Galicia está perdiendo granjas a un ritmo muy superior al de la cabaña ganadera. La entidad reclama que las nuevas obligaciones regulatorias sean evaluadas también por su impacto económico, social y territorial, especialmente sobre las explotaciones familiares.
Según los datos manejados por la asociación, Galicia pasó de contar con 24.995 explotaciones bovinas en 2024 a 23.532 en 2025, lo que supone la desaparición de 1.463 granjas, cerca de un 6 por ciento. Por el contrario, el número de animales apenas varió, al pasar de 946.924 a 939.495. Para Elas Eles, esta evolución evidencia una progresiva concentración de la producción en menos explotaciones.
La asociación considera que esta situación debe ser tenida en cuenta en un momento en el que la Unión Europea está debatiendo medidas de simplificación administrativa y reducción de cargas en la normativa ambiental. El vacuno permanece actualmente fuera del ámbito ganadero de la Directiva de Emisiones Industriales, mientras que el expediente europeo Omnibus VIII tiene entre sus objetivos reducir requisitos y carga administrativa. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo emitió su opinión el pasado 2 de septiembre y el expediente continúa pendiente de la decisión de la comisión competente, ENVI.
En España, por el contrario, las explotaciones bovinas afrontan distintas capas regulatorias. El Real Decreto de ordenación bovina establece en las 20 UGM una primera frontera relevante y obliga a las explotaciones de los grupos II, III y IV a disponer de un Sistema Integral de Gestión de la Explotación, el SIGE. A estas exigencias se suman ECOGAN, las obligaciones derivadas de la normativa de nutrición sostenible y el proyecto de actualización del CAPCA, que propone clasificar en el grupo B las explotaciones bovinas no extensivas de más de 20 y hasta 180 UGM, o hasta 360 UGM en el caso de los cebaderos.
Para Elas Eles, el problema no reside en la existencia de normas ambientales, sino en la proporcionalidad de la carga acumulada. La asociación advierte de que una misma obligación administrativa tiene un impacto diferente según el tamaño de la explotación, ya que una granja de 300 vacas puede repartir sus costes entre muchos más animales y litros de leche que una de 30 o 50.
La entidad apunta también a la desventaja de escala que ya soportan las pequeñas explotaciones en el mercado. Según los datos oficiales del Observatorio del Sector Lácteo correspondientes a julio de 2026, el precio medio en las explotaciones gallegas de menor volumen se situaba en los 38,40 céntimos por litro, frente a los 45,14 céntimos de las explotaciones de mayor producción. Elas Eles precisa que esta diferencia no puede atribuirse exclusivamente al volumen, pero considera que muestra que el tamaño de la explotación está asociado a condiciones económicas diferentes.
En este sentido, la asociación advierte de que las nuevas obligaciones pueden suponer una penalización adicional para las explotaciones de menor tamaño, al tener que asumir costes administrativos que representan una proporción mayor de sus recursos.
Elas Eles llama también la atención sobre la gestión de los purines y estiércoles. El ganadero que los emplea para fertilizar sus propias tierras debe asumir registros, cálculos de nutrientes, condiciones de aplicación y, cuando corresponda, el plan de abonado previsto en el Real Decreto de nutrición sostenible. Por el contrario, el marco de ordenación ganadera permite externalizar la gestión del estiércol mediante operadores o instalaciones autorizadas.
La asociación considera que esta situación debería ser analizada para evitar que se penalice el modelo más vinculado a la tierra. A su juicio, externalizar los purines no elimina el nitrógeno ni el fósforo, sino que traslada su gestión fuera de la explotación, por lo que reclama que se garantice la trazabilidad hasta el destino final y la capacidad real del territorio para recibirlos.
La desaparición de las granjas tiene, según Elas Eles, una dimensión que va más allá de la actividad económica y afecta también a la gestión del territorio. Las explotaciones familiares mantienen prados, pastos y tierras de cultivo en uso, mientras que la desaparición de parte de ellas puede aumentar el riesgo de abandono o matorralización de las parcelas pequeñas, alejadas o menos rentables.
La entidad relaciona esta cuestión con la política de prevención de los incendios y con la nueva ley de lucha contra los incendios que mantiene en tramitación la Xunta, cuyos objetivos incluyen la defensa de las tierras agroforestales y la recuperación de la funcionalidad de los sistemas agroforestales. Para Elas Eles, debería existir coherencia entre estas políticas y las medidas que afectan a la viabilidad de las explotaciones que ya mantienen esas tierras en producción.
Por este motivo, la asociación reclama al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia una evaluación acumulativa de la carga regulatoria, teniendo en cuenta el tamaño y el modelo productivo de cada explotación. También pide simplificar procedimientos para las pequeñas granjas y evitar duplicidades entre administraciones.
Elas Eles defiende que la reducción de emisiones, el control de los nutrientes y la protección del territorio son objetivos compatibles con la continuidad de las explotaciones familiares, pero reclama que la regulación no favorezca de manera involuntaria una mayor concentración de la producción ni acelere la desaparición de un modelo que, según la asociación, contribuye al mantenimiento y a la gestión de buena parte del territorio gallego.