FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra la aprobación del Reglamento de Accesibilidad Cognitiva

FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Accesibilidad Cognitiva, ratificada por el Parlamento en marzo de 2022, al considerar que supone un avance importante para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
La entidad destaca especialmente la relevancia de esta medida para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y para todas aquellas que presentan dificultades de comprensión. FADEMGA comparte la valoración de Plena inclusión España, que considera la aprobación del Reglamento un paso necesario y esperado durante años, aunque reclama que vaya acompañado de los recursos económicos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.
En este sentido, el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, señala que “recibimos esta aprobación como un avance largamente esperado. Sin embargo, echamos en falta que este instrumento normativo venga acompañado de una dotación presupuestaria que garantice su efectividad”. Galván también considera que el Reglamento sería más completo si incorporase referencias a normativa técnica que permita garantizar el rigor de las metodologías utilizadas para crear apoyos y asegurar una verdadera accesibilidad cognitiva.
Desde el movimiento asociativo Plena inclusión defienden la accesibilidad cognitiva como un “derecho llave”, al considerar que permite a cientos de miles de personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión ejercer otros derechos fundamentales, como la educación, el empleo, la salud, la cultura, el ocio o la participación social.
La vicepresidenta de Plena inclusión España y activista por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Maribel Cáceres, también valoró positivamente este avance. “Nosotros, las personas con discapacidad intelectual, necesitamos comprender el mundo en el que vivimos. Y eso solo lo podemos hacer si contamos en nuestro día a día con medidas que faciliten nuestro derecho a la accesibilidad cognitiva”, afirma.
La Organización Mundial de la Salud señala que las medidas de accesibilidad cognitiva pueden beneficiar a “1 de cada 3 personas” en el mundo, debido a que una parte importante de la población presenta algún tipo de dificultad de comprensión.
Un marco común para todo el Estado
Plena inclusión España lleva años impulsando el derecho a la accesibilidad cognitiva y participó en el proceso de desarrollo de esta normativa, aportando la experiencia acumulada por el movimiento asociativo. A través de sus cerca de 4.000 centros y servicios, el movimiento Plena inclusión presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias en todo el Estado.
El nuevo Reglamento crea, por primera vez, un marco normativo común sobre accesibilidad cognitiva para todo el territorio estatal e incorpora este derecho de manera transversal en ámbitos fundamentales de la vida cotidiana.
La normativa permitirá avanzar hacia formularios y documentos administrativos más fáciles de comprender, una señalización más accesible en el transporte y los espacios públicos, información sanitaria en formatos comprensibles y procesos electorales con información y materiales adaptados. También contempla un mayor uso de la lectura fácil y el lenguaje claro, pictogramas y otros apoyos visuales, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y nuevas soluciones tecnológicas, incluidas las basadas en inteligencia artificial.
FADEMGA Plena inclusión Galicia considera que la aprobación del Reglamento representa un avance fundamental para construir una sociedad más accesible, comprensible e inclusiva. No obstante, insiste en que el reconocimiento de estos derechos debe ir acompañado de los “recursos económicos, técnicos y humanos necesarios” para que las medidas previstas puedan aplicarse de manera real y efectiva.
La accesibilidad cognitiva beneficia especialmente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también a las personas mayores, a quienes presentan deterioro cognitivo o dificultades de comprensión y a quienes tienen un conocimiento limitado de la lengua. Para la entidad, comprender la información, los espacios, los servicios y las normas que rodean a la ciudadanía resulta imprescindible para poder participar en la sociedad y ejercer los derechos en igualdad de condiciones.