La Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística actuó en 121 ocasiones el año pasado
La actividad llevada a cabo por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) para proteger el medio ambiente y el patrimonio natural y paisajístico gallego permitió el pasado año la reposición de la legalidad en 121 actuaciones en toda Galicia.
Estas reposiciones fueron resultado de la labor del equipo inspector del organismo adscrito a la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, y se repartieron principalmente en la provincia de Pontevedra, con 60 actuaciones, seguida de A Coruña con 30, Lugo con 21 y Ourense con 10.
Durante el año 2025, la APLU llevó a cabo cerca de 1.000 actuaciones inspectoras, que dieron lugar a la apertura de 165 nuevos expedientes relacionados con posibles infracciones urbanísticas. En el mismo período se resolvieron 254 expedientes, cuatro más que en el ejercicio anterior. Hace falta tener en cuenta que el plazo de resolución de estos expedientes es de 12 meses, por lo que esta cifra incluye también los procedimientos iniciados en años anteriores.
En el balance de la actividad administrativa del 2025 de la APLU, se concreta también que son 50 los expedientes sancionadores resueltos, todos ellos por infracciones a la normativa de Costas. La diferencia respecto del año anterior es de 7 expedientes sancionadores más.
En el balance del pasado ejercicio también se contabilizan 312 multas coercitivas impuestas, correspondientes a expedientes de diferentes anualidades, una cifra ligeramente inferior a la del año 2024 (355). El importe total de las sanciones y multas coercitivas impuestas alcanzó el millón de euros.
Por provincia, de este total de 312 multas impuestas, 119 se tramitaron en la provincia de Pontevedra, 72 en la de A Coruña, 87 en la de Lugo y 34 en la de Ourense. La mayor concienciación ciudadana y el desarrollo del programa de actuación de los agentes de la APLU están contribuyendo a estabilizarse y reducir el número de sanciones impuestas desde el año 2017, cuando se alcanzó el pico más alto con 637 sanciones.
En relación con la actividad más puramente administrativa, en el 2025 se interpusieron 226 recursos administrativos y se resolvieron 481, lo que permitió avanzar en la agilización de estos procedimientos.