La Asociación Galega de Viticultura reclama que las ayudas de la Xunta a las bodegas estén vinculadas a precios justos para la uva
La Asociación Galega de Viticultura (AGV) critica que las ayudas del IGAPE destinadas a facilitar a las bodegas la compra de uva no estén condicionadas al establecimiento de un precio mínimo que garantice una remuneración justa para las personas viticultoras.
La entidad considera que, en un contexto de tensión en el mercado, la actual convocatoria permite que las bodegas beneficiarias reciban apoyo público para financiar los intereses y las comisiones de los préstamos destinados a la adquisición de uva sin que exista ninguna exigencia sobre el precio que posteriormente pagan a los productores. Para la AGV, esta situación deja nuevamente a los pequeños viticultores en una posición de debilidad y puede permitir que la uva se pague por debajo de los costes de producción.
La organización cuestiona así que una ayuda pública pueda beneficiar a las bodegas sin garantizar que su efecto repercuta también en el conjunto del sector. En este sentido, recuerda que esta línea de apoyo se concede desde 2023 y reclama a la Xunta que evalúe si las empresas beneficiarias están pagando la uva por encima, al mismo nivel o por debajo de las que no reciben estas ayudas.
Desde la AGV defienden que los fondos públicos deben servir para incrementar el valor generado por el sector vitivinícola y no limitarse a financiar las bodegas. “Una ayuda que beneficia a las bodegas al bonificar intereses y comisiones de préstamos para pagar la uva, pero permite a estas hacerlo por debajo de los costes de producción, no es una ayuda para el sector”, señala la organización.
La asociación reclama que cualquier apoyo público destinado al sector vitivinícola esté condicionado a la firma de contratos homologados de compra de uva, con un precio mínimo calculado a partir de los costes reales de producción. Según la AGV, la normativa europea ya permite aplicar este mecanismo, por lo que considera que la Xunta no tendría que crear un nuevo sistema, sino activar esta posibilidad.
La entidad insiste así en que las políticas de apoyo al sector deben contribuir a crear valor y garantizar unas condiciones económicas dignas para las personas que producen la uva, especialmente los pequeños viticultores.