La banca ourensana se moviliza contra el deterioro de sus condiciones laborales
Delegados y delegadas sindicales de CIG-Banca protagonizaron ayer concentraciones frente a varias entidades bancarias de Ourense para denunciar el empeoramiento de las condiciones laborales del sector, con especial atención a la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores. La protesta se enmarca en una campaña de movilizaciones impulsada por el sindicato a nivel gallego, que busca visibilizar tanto el deterioro salarial como la presión comercial a la que, según denuncian, está sometido el personal para colocar productos financieros que la clientela no demanda.
Desde la central sindical recuerdan que los convenios anteriores ya supusieron una pérdida acumulada del 25 % en los salarios, al no incluir ninguna cláusula de revisión anual vinculada al IPC. A pesar de este precedente, señalan que los sindicatos CCOO y UGT firmaron los convenios actualmente vigentes —el del SIB para el sector del ahorro y el de FINE para la banca— sin incorporar esa cláusula de actualización salarial. Como consecuencia, con el IPC situado en el 5 %, el personal del sector volverá a perder capacidad adquisitiva este año, al no recibir ningún tipo de atraso que compense la subida de precios.
A esta situación se suma, según CIG, la congelación de las compensaciones por kilometraje, en un contexto en el que el precio de los combustibles se ha duplicado. El sindicato sostiene que, como resultado, hay empleados que terminan asumiendo de su propio bolsillo parte de los gastos derivados de desplazarse a su puesto de trabajo. Desde la organización insisten en que no se trata de errores puntuales de negociación, sino de sucesivas cesiones frente a entidades bancarias que, afirman, registran beneficios millonarios. En este sentido, critican que esos beneficios no se trasladen a la plantilla y señalan directamente la actuación de otros sindicatos del sector, a los que acusan de actuar en favor de los intereses empresariales.
El comunicado difundido con motivo de las protestas también pone el foco en las condiciones diarias de trabajo, que según CIG se han deteriorado notablemente. Denuncian lo que califican de presión constante sobre la plantilla para alcanzar objetivos de venta de productos financieros, en ocasiones sin que exista demanda real por parte de los clientes. Según relatan, las instrucciones que reciben los empleados se limitan a incrementar las ventas, sin margen para valorar la idoneidad de los productos ofrecidos ni el perfil de cada cliente, en medio de sucesivas campañas comerciales simultáneas.
El sindicato denuncia además jornadas de trabajo muy extensas, encubiertas bajo lo que describen como una flexibilidad horaria ficticia, con objetivos que aumentan de forma constante y que generan una carga de trabajo que consideran imposible de asumir dentro del horario legalmente establecido. A ello añaden que las horas extraordinarias ni se abonan, ni se cotizan, ni quedan registradas de forma adecuada.
Asimismo, aseguran que cuando no se cumplen los objetivos comerciales fijados, el personal recibe advertencias relacionadas con posibles traslados o despidos, además de lo que describen como ataques a su dignidad personal y profesional, en un clima que, según denuncian, intensifica aún más la presión comercial. El sindicato califica esta situación como una forma de violencia laboral presente en el día a día del sector. Según su testimonio, esta presión continuada ha derivado en un aumento preocupante del consumo de ansiolíticos y antidepresivos entre los trabajadores, hasta el punto de normalizar, en palabras de la organización, que trabajar en una entidad bancaria suponga hacerlo en un entorno que termina afectando a la salud de quienes allí desempeñan su labor.