La CIG-Administración Autonómica denuncia que la Xunta precariza al personal formador en lengua gallega
La CIG-Administración Autonómica reclama a la Xunta la ampliación inmediata y con efectos retroactivos de la jornada del personal titulado superior lingüista de la Secretaría General de la Lengua, al que, según denuncia la organización sindical, se le duplicó la carga de trabajo desde el pasado 1 de septiembre. El sindicato advierte de que esta situación puede poner en riesgo los plazos, la atención al alumnado y la calidad de la formación.
La central sindical sostiene que «el deber legal de capacitar al personal público en gallego no puede depender de convenios temporales ni asentarse en la precariedad laboral» y reclama que se garantice tanto la jornada completa como la actividad durante los doce meses del año.
En la primera reunión para negociar las condiciones laborales del colectivo, celebrada el 8 de septiembre, la Secretaría General Técnica de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud reconoció, según la CIG, que el problema ya existía antes de la estabilización derivada de la Ley 20/2021. El sindicato señala que la Administración propuso como solución provisional recurrir a horas complementarias, sin garantizar la jornada completa ni la actividad durante todo el año.
La CIG asegura también que la Administración no aportó informes sobre el tiempo necesario para desarrollar las tareas, la carga efectiva de trabajo, la demanda atendida y no atendida, la financiación, el impacto de género o el coste de la ampliación. Según la organización sindical, la Xunta justifica la situación en la anualidad presupuestaria, en la dependencia de convenios y fondos externos y en los límites previstos para incrementar determinadas partidas en 2027.
Para la CIG-Administración Autonómica, estos argumentos no justifican una situación de precariedad que, según denuncia, se prolonga desde hace décadas.
El sindicato critica que los 18 puestos de la relación de puestos de trabajo estén configurados a media jornada y con solo siete meses de actividad anual, al considerar que no son suficientes para atender la demanda existente.
La CIG pone como ejemplo los datos de la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) de 2024, cuando se convocaron oficialmente 750 plazas para los cursos de lenguaje administrativo y jurídico gallego (LAG y LXG), frente a cerca de 5.000 solicitudes, según los únicos datos facilitados por la propia Escuela. La organización sindical afirma que miles de empleados públicos se quedan sin formación año tras año.
La central considera que la continuidad durante décadas de los cursos Celga, LAG y LXG, la renovación anual de los convenios y la propia estabilización de los puestos demuestran que existe una necesidad estructural. Por ello, defiende que la naturaleza del servicio no puede quedar condicionada por el hecho de que su financiación proceda de fondos o convenios temporales.
La formación en gallego, un deber legal
La CIG-Administración Autonómica defiende que la formación lingüística en gallego está vinculada al derecho de la ciudadanía a emplear esta lengua, a la obligación de los poderes públicos de garantizarlo y a la preparación del personal público para atender, redactar y tramitar en gallego con corrección y seguridad.
El sindicato recuerda que el artículo 3.1.i) de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la EGAP, en la redacción dada por la Ley 10/1989, atribuye a este organismo la capacitación del personal, la difusión y normalización del gallego en la Administración y la participación en la fijación del lenguaje técnico, administrativo y jurídico.
La organización sindical considera que se trata, por tanto, de deberes públicos permanentes y no de tareas condicionadas a la existencia de un convenio anual. En este sentido, alerta de la pérdida de hablantes, de la débil presencia del gallego en ámbitos profesionales y de la insuficiente competencia lingüística de parte del personal público.
La CIG señala además que la propuesta del Gobierno gallego de actualización del Plan general de normalización de la lengua Gallega en 2026 reconoce la elevada demanda, la insuficiencia de la oferta especializada y el limitado protagonismo de la EGAP, de la Academia Gallega de Seguridad Pública y de la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud.
Para el sindicato, resulta «contradictorio» anunciar la revitalización del idioma mientras se precariza al personal encargado de desarrollarla. La CIG concluye que «un plan sin personal suficiente, estabilidad, presupuesto y evaluación no es una política lingüística efectiva: es propaganda».
La CIG-Administración Autonómica asegura que solicitó información sobre quién imparte y tutoriza los cursos, quién coordina la formación, quién realiza las segundas y terceras correcciones, quién elabora los materiales y exámenes y quién participa en las evaluaciones. También reclama datos sobre los convenios, las entidades firmantes, las horas, las retribuciones y las compatibilidades.
Según la información trasladada por el colectivo y recogida por la organización sindical, parte de estas tareas estaría siendo realizada por personal de otras escalas de la Xunta o de otras administraciones que ya trabaja a jornada completa. La CIG afirma que la Secretaría General Técnica no aclaró el alcance de estas colaboraciones ni la distribución efectiva de la carga de trabajo.
El sindicato considera «inaceptable» mantener al personal propio a media jornada y con actividad discontinua mientras parte de sus funciones se atribuyen a otras personas como segunda actividad. La CIG defiende que el trabajo estructural debe corresponder al colectivo que tiene esas funciones encomendadas y que las colaboraciones externas, en el caso de existir, deben ser excepcionales, complementarias, motivadas y transparentes.
La CIG alerta del impacto sobre las mujeres
La organización sindical llama también la atención sobre la dimensión de género de esta precariedad. Según los datos que aporta, en 2016 el colectivo de personas colaboradoras estaba integrado por 51 mujeres y 11 hombres, lo que suponía un 82 % de mujeres, una tendencia que, según la CIG, se mantiene.
El sindicato considera que la parcialidad, la discontinuidad y la imprevisibilidad afectan a las retribuciones, a la cotización, a la protección social y a la conciliación, por lo que reclama que se evalúe expresamente el impacto de género.
La CIG señala también que las condiciones económicas provocaron varias renuncias después de la estabilización. Según denuncia, la Administración no fijó un plazo cierto para publicar la relación complementaria de los procesos selectivos y aplazó hasta 2027 la posible incorporación de personal.
Por este motivo, la organización sindical exige la cobertura inmediata de las plazas y una lista específica, conforme al Decreto 37/2006, para sustituir con agilidad bajas, permisos y renuncias.
Finalmente, la CIG informa de que parte del colectivo comunicó la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y advierte de que la negociación de las condiciones laborales no debe limitar los derechos ni las acciones individuales o colectivas ya iniciadas.