La CIG convoca otra huelga general ante la subida de los precios y la «falta de medidas» para una vivienda digna
La Confederación Intersindical Galega (CIG) decidió hoy convocar una huelga general en Galicia en respuesta a la «insoportable» subida de los precios que está profundizando en el empobrecimiento de la clase trabajadora y a la falta de medidas de los gobiernos para garantizar una vivienda digna. Precisamente con este objetivo, la central sindical puso en marcha a finales de septiembre una campaña con 10 propuestas para reclamar que sea el capital el que asuma las consecuencias de la actual carestía de la vida y en demanda de una «vida digna» para la mayoría social.
Por ello llama al conjunto del tejido social y sindical a la movilización y a que se haga efectiva una convocatoria de huelga general en la primera semana de noviembre para reclamar medidas que garanticen de manera inmediata el derecho a la vivienda, la intervención en los sectores estratégicos, la subida del SMI, una mayor protección social y el refuerzo de los servicios públicos.
Dentro de la campaña «La subida de los precios que la pague el capital. Queremos vivir dignamente», la CIG reclama que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno del Estado incluyan en los presupuestos de 2027 un Plan de Choque en el que se articulen una serie de medidas para frenar el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora debido a la subida generalizada de los precios y para garantizar el acceso a una vivienda digna. «El crecimiento constante e imparable de los precios de la electricidad, de los combustibles, de los productos de primera necesidad y de la vivienda está llevando al pueblo y a las clases trabajadoras a la ruina; una situación que empeora por el deterioro de los servicios públicos y el retroceso en las políticas sociales», tal y como alertó el secretario general, Paulo Carril, en el acto de presentación de la campaña.
Del mismo modo, la central sindical considera que las acciones promovidas por el Gobierno español en materia de vivienda y para contener la «insoportable» subida de los precios que amenaza con colapsar las economías de las familias son «tardías, escasas e insuficientes». Frente a esto, defiende una mayor intervención pública en los precios y en los mercados considerados básicos, así como el refuerzo de los servicios públicos y de las medidas de protección económica. En cuanto a la grave problemática de la vivienda, apuesta también por la intervención pública en el mercado para limitar los precios, evitar desahucios y aumentar la oferta de vivienda accesible, especialmente para las personas con menos recursos.
LAS MEDIDAS
Las principales reivindicaciones de la CIG en materia de coste de la vida y vivienda se centran en la adopción de medidas para facilitar el acceso a los productos y servicios básicos y frenar el impacto de la inflación sobre las familias.
En el ámbito de la alimentación, la central sindical reclama el establecimiento de precios populares para los productos básicos y precios justos para las personas productoras, así como medidas destinadas a combatir la especulación y las prácticas de determinadas empresas energéticas y del sector del comercio alimentario.
En materia de vivienda, la CIG pide la prohibición de los desahucios y la protección de las personas que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca. También reclama la congelación de las rentas de los alquileres y de las subidas de los intereses hipotecarios.
En lo que respecta a la vivienda social, la organización sindical defiende que las viviendas de la SAREB se pongan de manera inmediata a disposición de personas y colectivos que las necesiten. Además, propone establecer límites máximos a los alquileres de los grandes propietarios y crear un Banco Gallego de Vivienda destinado al alquiler social.
En el ámbito energético, la CIG apuesta por la creación de una empresa pública gallega de electricidad y de una Tarifa Eléctrica Gallega, acompañadas de cambios tanto en el sistema de fijación de los precios como en la composición de la factura eléctrica.
Para los combustibles, reclama establecer un precio máximo para la gasolina y el diésel mientras los precios no se estabilicen. Por último, en materia de movilidad, propone reforzar el transporte público mediante el incremento de las frecuencias, la ampliación de los horarios, un mayor acceso a los descuentos y la extensión de los trayectos gratuitos.