La CIG critica el retraso en la reducción de las ratios y reclama al Ministerio más ambición
La CIG-Ensino considera insuficiente la propuesta definitiva del Ministerio de Educación para la reducción de las ratios en las diferentes etapas educativas y lamenta que el Gobierno central no tenga mayor ambición tanto en los plazos como en el alcance de las medidas. Para el sindicato, la principal novedad del último texto presentado es negativa: la aplicación completa de la reducción de la ratio en la FP básica a 15 estudiantes por aula se retrasa hasta el curso 2030/31, dos cursos más tarde de lo anunciado inicialmente.
La organización sindical señala que la medida estaba prevista inicialmente para estar totalmente implantada en el curso 2028/29, junto con la reducción a 25 estudiantes en la modalidad presencial de los ciclos medios, superiores y cursos de especialización. Sin embargo, el nuevo texto modifica el calendario a petición de la Secretaría General de FP, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para la planificación de los centros.
Desde la CIG-Ensino cuestionan esta decisión, especialmente por el perfil del alumnado afectado. «El alumnado de Ciclos de Grado Básico es precisamente el más vulnerable de estas enseñanzas», señala la organización, que advierte de que retrasar la aplicación de la medida hace que «el cambio de redacción que indica que esta reducción no se hará efectiva en segundo curso hasta el curso 30/31 convierte lo que era un avance en una promesa a largo plazo».
El sindicato considera que el Ministerio debería fijar el inicio de la reducción de las ratios de manera simultánea el próximo curso en todas las etapas educativas, tanto obligatorias como no obligatorias. «La CIG-Ensino volvió a solicitar más ambición tanto en la reducción como en los plazos de aplicación», explica la organización, que también reclamó una ratio de 25 estudiantes en el bachillerato.
Según la CIG-Ensino, el Ministerio defiende que su margen de actuación no debería ir más allá y que serán las comunidades autónomas las que, una vez aprobado el Real Decreto, deberán aplicar y mejorar la normativa. Para el sindicato, sin embargo, el texto debería establecer unos mínimos más ambiciosos que permitan avanzar en la reducción efectiva del número de alumnos y alumnas por aula.
La CIG reclama medidas específicas para atender a la diversidad
Otro de los aspectos en los que la CIG-Ensino considera que el Ministerio debe avanzar es en la atención a la diversidad. El sindicato volvió a reclamar que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) compute como doble, y no únicamente el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
También pidió que se establezca una ratio máxima para las aulas mixtas en las que se escolariza alumnado de diferentes niveles o incluso etapas, una realidad especialmente habitual en Galicia. Además, reclamó una ratio específica para el personal especialista en atención a la diversidad y Orientación, recordando la recomendación de la Unesco de contar con un profesional por cada 250 estudiantes.
La CIG-Ensino considera que el elevado número de estudiantes con necesidades específicas hace necesario abordar esta cuestión también desde el punto de vista de los recursos. Según los datos aportados por el Ministerio, existen actualmente 936.000 estudiantes categorizados como NEAE en el Estado español, frente a los 319.000 considerados NEE.
Ante estas cifras, el responsable ministerial señaló que el cómputo doble del alumnado con necesidades deberá abordarse desde una perspectiva presupuestaria y organizativa y remitió al futuro Plan Estratégico para la Educación Inclusiva.
La organización reclama cumplir con la prometida «legislatura del profesorado»
La CIG-Ensino también puso sobre la mesa las cuestiones que considera pendientes en lo relativo a las condiciones laborales y profesionales del personal docente. El sindicato preguntó por los plazos para comenzar a trabajar en la reforma del sistema de acceso a la profesión docente y en la formación inicial del profesorado, después de que el Ministerio se comprometiera a convocar en septiembre el primer grupo de trabajo.
La organización sindical señala que el Ministerio justificó el retraso por la situación derivada de la crisis migratoria en Ceuta y por sus consecuencias en el sistema educativo. Según trasladó el departamento estatal, desde el 2 de agosto fue necesario atender inicialmente a la protección de los menores y posteriormente garantizar la apertura de los centros y la escolarización tanto de los menores de 16 años como la inclusión educativa de los que tienen entre 16 y 18 años.
La CIG-Ensino reclama, sin embargo, que se retomen cuanto antes estos trabajos y recuerda que quedan cuestiones fundamentales por abordar. Entre ellas, sitúa «la integración de todo el profesorado en un cuerpo único docente en el grupo A1», el incremento de los niveles salariales, el avance en el Estatuto Docente y la recuperación de la jubilación parcial anticipada.
Sobre esta última cuestión, el sindicato recuerda que desde 2011 el profesorado vio cómo la extinción del régimen de clases pasivas dejó sin posibilidad de adelantar la edad de jubilación a este colectivo.
La CIG-Ensino lamenta que, pese a su insistencia durante la reunión, «no hubo respuesta a ninguna de estas cuestiones». Para la organización sindical, estas materias deben formar parte de la agenda del Ministerio si realmente se pretende avanzar en una «legislatura del profesorado» y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del sistema educativo.