La CIG denuncia la saturación del equipo de Ejecución Civil y Familia de Santiago y reclama cubrir cinco plazas
La CIG-Justicia denuncia la situación de saturación estructural que sufre el equipo de Civil y Familia del Servicio Común de Ejecución de Santiago de Compostela y reclama a la Dirección General de Justicia la cobertura urgente de las cinco plazas vacantes que existen actualmente.
El sindicato asegura que el problema no deriva de la implantación de la nueva Oficina Judicial, completada a finales de 2025, sino de un déficit de personal mantenido en el tiempo. En este sentido, destaca que las sentencias dictadas por el equipo pasaron de 1.527 en 2023 a 2.180 en 2024 y a 2.490 en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 63,1 % en dos años.
La CIG precisa que, de los 32 efectivos que la Xunta atribuye al conjunto del Servicio Común de Ejecución en las jurisdicciones civil y penal, 17 corresponden al equipo Civil, cinco al de Contencioso-Administrativo y Social y diez al área Penal. En el equipo Civil, la plantilla prevista es de 17 personas, cinco gestores y doce tramitadores, pero actualmente solo hay 12 efectivos, debido a dos vacantes de gestión y tres de tramitación. Cuatro de estas plazas llevan meses sin cubrir.
La organización sindical señala que el equipo está funcionando así con el 70,6 % del personal previsto. Además, dos de los tramitadores están destinados a la materia de Familia, por lo que el área de Civil General queda reducida a diez personas, tres gestores y siete tramitadores, frente a las 15 que corresponderían con una plantilla completa.
Según el informe de la CIG, cada profesional de ejecución civil general asume una media de 230 ejecuciones correspondientes a 2024 y 2025, frente a las 153 que le corresponderían con una plantilla completa. En los escritos pendientes, la media es de 166 por profesional frente a los 110 previstos, lo que representa una sobrecarga del 50 % en las ejecuciones y del 51 % en los escritos.
El sindicato advierte de que estas cifras representan solo un mínimo de la carga real, ya que no incluyen los procedimientos de años anteriores que continúan pendientes. Además, las ejecuciones de títulos judiciales pasaron de 1.556 en 2024 a 1.803 en 2025, mientras que las ejecuciones en trámite correspondientes a los dos últimos años ya ascienden a 2.300. A esto se suman 1.655 escritos pendientes de proveer, 700 de ellos concentrados en una única plaza.
La CIG recuerda que la sección también tramita procedimientos de mayor complejidad, como las ejecuciones de títulos no judiciales y las ejecuciones hipotecarias, que no están incluidas en las cifras anteriores.
Retrasos que afectan a la tutela judicial efectiva
Para la CIG, la situación trasciende el ámbito interno de la Administración de Justicia, ya que la ejecución es la vía que permite hacer efectivo el derecho reconocido en una sentencia. El sindicato alerta de que los retrasos pueden afectar a la tutela judicial efectiva y a cuestiones como el pago de pensiones de alimentos, la protección de víctimas de violencia de género, la recuperación de rentas o el cobro de deudas de las comunidades de propietarios.
El informe señala que los datos del Consejo General del Poder Judicial también apuntan a una elevada carga en el Partido Judicial de Santiago, con 1.688 asuntos civiles registrados, 1.424 resueltos y 6.496 en trámite al finalizar el período analizado. Mientras la pendencia civil se redujo un 8,1 % en el conjunto de Galicia en 2025, las ejecuciones en trámite en esta sección aumentaron un 52,7 %.
Ante esta situación, la CIG reclama el nombramiento inmediato de personal interino ya formado para cubrir las cinco vacantes, sin esperar a la futura bolsa de interinos. También pide la cobertura definitiva de las plazas, un plan específico para el equipo de Ejecución Civil, datos públicos desagregados sobre personal por jurisdicción y sección y una reunión con la representación sindical para evaluar las cargas de trabajo y las necesidades reales de efectivos.
El sindicato reclama finalmente a la Dirección General de Justicia una respuesta por escrito, con plazos concretos y un calendario para garantizar la cobertura efectiva de las plazas.