La CIG denuncia una nueva actuación policial desproporcionada contra un piquete en Compostela
La CIG censura una nueva actuación policial desproporcionada en el marco de un conflicto laboral, en esta ocasión en Compostela durante un piquete informativo de la jornada de huelga del pasado lunes en el comercio de alimentación de la provincia de A Coruña. La compañera agredida acaba de presentar una denuncia contra el agente implicado y una solicitud de apertura de investigación en la Subdelegación del Gobierno para que se determinen las responsabilidades disciplinarias o de otra naturaleza que correspondan.
La central sindical enmarca lo ocurrido «en la actual deriva represiva y en los excesos de la autoridad gubernativa, de la Policía española y de la Guardia Civil para controlar la disidencia y silenciar a la clase obrera», por lo que insiste en reclamar la inmediata derogación de la Ley Mordaza, al amparo de la cual se están tramitando numerosos expedientes sancionadores.
Los hechos denunciados tuvieron lugar poco antes del mediodía, cuando la compañera de CIG-Servicios se encontraba participando en un piquete en el Gadis de la calle Fernando III O Santo. En un momento dado, varios agentes de la Policía española salieron corriendo detrás de una persona que también formaba parte del piquete. «Yo me encontraba en su dirección, por lo que mi cuerpo contactó con el del último de los agentes, que se volvió hacia mí de manera agresiva; traté de alejarme, pero me agarró por detrás del pelo y comenzó a tirar con fuerza, al tiempo que gritaba y me arrastraba», tal y como se recoge en la denuncia. Una vez separada del resto de integrantes del piquete fue identificada, «amenazándome también con que me iban a denunciar por atentado contra la autoridad».
Como consecuencia de la actuación, la afectada sufrió pérdida de cabello y un episodio de ansiedad derivado de la situación de violencia física y de la sensación de indefensión experimentada durante la intervención, teniendo que recibir atención médica y prescribiéndosele medicación para tratar la ansiedad. Por ello reclama que se investigue la actuación del agente para determinar si se ajustó a los principios que rigen el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas policiales y, en su caso, si se depuran las responsabilidades disciplinarias o de otra naturaleza que correspondan.
La central sindical enmarca este tipo de actuaciones en la deriva represiva que tiene uno de sus principales instrumentos en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, aprobada por el PP hace ya 11 años y que, pese a los compromisos adquiridos, sigue sin ser derogada por el actual Ejecutivo de PSOE-Sumar. Como la central sindical lleva señalando desde las últimas movilizaciones contra la represión, es especialmente destacable el papel del delegado del Gobierno, que interpreta esta ley para procurar el mayor impacto sobre el trabajo sindical de las centrales combativas. «Sabemos que esta es una de las herramientas con las que se pretende desactivar el sindicalismo nacionalista, pues el nivel de persecución sufrida por la CIG no tiene equivalente en otros sindicatos».
La CIG de Compostela recuerda que este tipo de prácticas son habituales en la comarca en los últimos años. «En enero de este mismo año un compañero fue detenido en el marco de la huelga por el convenio de transporte en autobús de A Coruña, mientras que otra compañera fue detenida en mayo durante un piquete de la huelga del metal, siendo sobreseído su caso una semana después».
Movilizaciones en las cuatro provincias
Esta «ola represiva» ha motivado recientemente la convocatoria de movilizaciones gallegas por parte de la central sindical en las cuatro provincias para rechazar la «abusiva» presencia y participación de los dispositivos policiales en todo tipo de manifestaciones, concentraciones y acciones reivindicativas, especialmente en las de carácter laboral y social. También para censurar las «identificaciones arbitrarias, sanciones administrativas y procedimientos judiciales» con los que se persigue «desmovilizar y ocultar» tanto la respuesta social frente a las situaciones de injusticia como la defensa de los derechos laborales.
En este sentido, la CIG considera «absolutamente inaceptable» que el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación sea objeto de persecución y censura, así como la absoluta incapacidad y la falta de voluntad política del Gobierno español para cumplir con su promesa de derogar esta norma. «Lejos de avanzar en la recuperación de derechos democráticos, se mantiene en vigor un marco legal que permite sancionar la protesta, limitar la acción sindical y reprimir la movilización social».