La CIG-Ensino critica que el nuevo decreto de FP mezcle cambios y retrase los límites en las aulas virtuales
La CIG-Ensino presentó más de 40 enmiendas al borrador del real decreto que prepara el Ministerio de Educación para regular los centros privados de Formación Profesional (FP), al considerar que el Gobierno aprovecha esta norma para introducir modificaciones que van más allá de su objetivo inicial. El texto también afecta a los centros integrados de FP (CIFP), los centros asociados y los de segunda oportunidad, así como a las condiciones de presencialidad y las ratios en las modalidades virtuales y semipresenciales.
Según explica el sindicato, el Ministerio pretende aprobar la norma por vía de urgencia antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La organización considera necesario establecer controles sobre la proliferación de centros privados y garantizar la calidad de la enseñanza, pero critica que el borrador incluya cambios en distintas regulaciones sin abordar adecuadamente problemas que afectan al sistema público.
Más control sobre la FP privada
La central sindical valora que el decreto incorpore la obligación de que los centros que operen en una comunidad autónoma cuenten con la autorización de esta administración y que no se puedan autorizar ciclos sin garantizar previamente plazas para las prácticas en empresas. También considera positivo que la oferta virtual y semipresencial solo se pueda autorizar cuando el centro disponga previamente de esa misma oferta en la modalidad presencial.
La CIG-Ensino denuncia que la expansión de la FP a distancia permite, a su juicio, que empresas y fondos de inversión obtengan beneficios con costes reducidos, mientras parte del alumnado queda fuera de la insuficiente oferta pública. Critica los precios de las matrículas, la falta de control administrativo y las carencias de inspección y supervisión de los programas formativos.
El sindicato también reclama que el alumnado de los centros privados realice las prácticas en empresas vinculadas a esa misma red cuando corresponda, para evitar que toda la carga recaiga sobre el sistema público. Pone como ejemplo los ciclos sanitarios en Galicia, donde la oferta privada supera a la pública en algunas ciudades, como Santiago de Compostela, mientras el Sergas y determinados hospitales privados no tienen capacidad para acoger a todo el alumnado
Presencialidad y ratios en las modalidades a distancia
Uno de los cambios que más preocupan a la organización afecta al Real Decreto 659/2023, que regula la ordenación del sistema de FP. El borrador establece una presencialidad de entre el 15 % y el 39 % en la modalidad virtual y de entre el 40 % y el 60 % en la semipresencial. La CIG-Ensino advierte de que el texto no aclara si esos porcentajes representan una obligación para el alumnado o simplemente la oferta presencial que deben garantizar los centros.
Frente a esta propuesta, el sindicato pide establecer un mínimo del 25 % del horario de los módulos para tutorías colectivas en la FP virtual y del 50 % en la semipresencial. También reclama inspecciones periódicas para comprobar que los centros disponen de los materiales, laboratorios, espacios y talleres necesarios, especialmente en las enseñanzas sanitarias.
En lo relativo a las ratios, el borrador fija un máximo de 25 estudiantes por módulo en la modalidad semipresencial y de 50 alumnos por docente en la virtual. Además, establece que las actividades presenciales de la modalidad virtual deben respetar la ratio de la enseñanza presencial correspondiente, lo que podría obligar a dividir los grupos para las tutorías colectivas.
La CIG-Ensino defiende que las ratios no superen, con carácter general, las 30 matrículas en ninguna de las dos modalidades. Acepta que las tutorías presenciales de la FP virtual tengan que respetar las ratios de la modalidad presencial, siempre que los desdobles queden reflejados en el horario lectivo del profesorado.
El sindicato también cuestiona el calendario de aplicación de las nuevas ratios, que no estarían plenamente vigentes hasta el curso 2030-2031. El borrador prevé reducir progresivamente el máximo de alumnado por docente en la modalidad virtual: 80 personas desde el curso 2028-2029, 65 desde el 2029-2030 y 50 a partir del 2030-2031.
La organización considera excesiva esta demora y advierte de contradicciones con la normativa vigente, que ya establece una ratio máxima de 35 estudiantes por docente para determinados grados de FP en las modalidades virtual y semipresencial. Por ello, reclama aclaraciones sobre cómo se aplicarán los nuevos límites y qué mejoras supondrán realmente.
Cambios en los centros integrados de FP
El borrador también modifica el Real Decreto 1158/2005, que regula los requisitos básicos de los CIFP. La CIG-Ensino considera que se desaprovecha la oportunidad de actualizar una normativa con más de dos décadas de aplicación y critica que los cambios puedan facilitar la creación de centros integrados privados al relajar los requisitos y eliminar la intervención de la inspección laboral.
La organización se opone igualmente a la incorporación de personal experto del sector productivo como personal laboral en los centros integrados, al entender que puede suponer una privatización de la docencia y crear desigualdades respecto al profesorado en aspectos como la titulación, la formación pedagógica, el acceso o las incompatibilidades.
Por el contrario, valora que se puedan ampliar los cargos directivos de estos centros, al considerar necesarias al menos dos jefaturas de estudios, y reclama eliminar los sistemas externos de calidad, que califica de excesivamente burocráticos. También pide reconocer las funciones del nuevo cuerpo docente de Formación Profesional y equiparar sus condiciones salariales con las de otros cuerpos docentes.
Centros asociados, de segunda oportunidad y de excelencia
En el caso de los centros asociados de FP, el sindicato reclama que la formación dirigida a la población ocupada y desempleada quede bajo la competencia de las administraciones educativas y que estos centros actúen como complemento de la red pública.
Sobre los centros de segunda oportunidad, destinados a personas de entre 16 y 29 años, la CIG-Ensino rechaza que puedan ser empresas o financiarse mediante conciertos educativos. Defiende que sean entidades sin ánimo de lucro y pide incluir el conocimiento de la cultura y la lengua propias para favorecer la integración y la inserción laboral del alumnado.
La organización también cuestiona el funcionamiento de los centros de excelencia de FP si no se garantiza una gestión democrática, con elección de las direcciones y transparencia en las decisiones presupuestarias. Sin embargo, considera positivo que el borrador reconozca que el profesorado de estos centros debe contar con dedicación horaria específica para desarrollar las tareas asociadas a esta cualificación.
En Galicia hay seis centros de excelencia: los CIFP Carlos Oroza, en Pontevedra; As Mercedes, en Lugo; Ánxel Casal-Monte Alto y Someso, en A Coruña; Politécnico de Santiago, en Santiago de Compostela, y Universidade Laboral, en Culleredo.
La CIG-Ensino reclama, en definitiva, que el decreto establezca controles efectivos sobre la oferta privada, mejore las condiciones de enseñanza y garantice que los nuevos requisitos se cumplan antes del 31 de diciembre de 2030. También pide eliminar las excepciones previstas en el borrador, al considerar que podrían vaciar de contenido las medidas de control.