La CIG-Ensino critica que la legislatura termine sin reducir las ratios ni el horario lectivo en Primaria y Secundaria
La CIG-Ensino hizo una valoración crítica de la última Mesa Sectorial Docente del Estado de esta legislatura, al considerar que la promesa de que esta sería la «legislatura del profesorado» queda sin cumplir. El sindicato lamenta que no se vayan a aprobar medidas como la reducción de las ratios en Primaria y Secundaria y la bajada del horario lectivo del profesorado, al decaer el proyecto de ley que las contemplaba tras la disolución de las Cortes Generales.
En la reunión, celebrada este miércoles, el Ministerio de Educación abordó tres proyectos de real decreto que el Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre, ya que después no podría hacerlo en funciones. Entre ellos destaca la modificación de los requisitos mínimos de los centros educativos y de la ordenación de la Formación Profesional, que permitirá introducir cambios en las ratios de algunas enseñanzas no obligatorias.
Los responsables ministeriales explicaron que no es posible modificar por esta vía las ratios de Primaria y Secundaria, ya que precisan de una norma con rango de ley. La disolución de las Cortes provocó que decayera el proyecto legislativo que pretendía reducir el número máximo de alumnos por aula en estas etapas y también el horario lectivo de los cuerpos docentes de Maestros, Secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial.
La propuesta que el Ministerio prevé aprobar por vía de urgencia incluye nuevas ratios para el primer ciclo de Educación Infantil, con máximos de cuatro alumnos por docente de cero a un año, seis de uno a dos años y ocho de dos a tres años. La aplicación comenzaría en el curso 2027/2028 y se desarrollaría progresivamente hasta completarse al inicio del curso 2029/2030.
En el segundo ciclo de Infantil, la ratio máxima quedaría fijada en 20 estudiantes por unidad escolar, también con una implantación progresiva desde el curso 2027/2028 hasta el inicio de 2029/2030. En Bachillerato, el máximo sería de 30 estudiantes por unidad, mientras que en los ciclos de FP básica se establecería una ratio de 15 estudiantes por docente. En estos dos últimos casos, la aplicación comenzaría en el curso 2029/2030 y se completaría al inicio de 2030/2031.
Otra de las medidas previstas es que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) compute como doble para determinar la ratio máxima en las aulas ordinarias de todas las etapas educativas a partir del curso 2027/2028.
La CIG-Ensino reclama más ambición y rapidez
La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, cuestionó que la denominada «legislatura del profesorado» termine sin mejoras reales en las condiciones laborales del colectivo. Además de lamentar que no se pueda aprobar la reducción del horario lectivo y de las ratios en Primaria y Secundaria, criticó que ni siquiera se haya iniciado la reforma del acceso a la función pública docente, que seguirá rigiéndose por un decreto de hace veinte años y por temarios de más de tres décadas. También lamentó que no se abordasen cuestiones como la creación de un único cuerpo docente encuadrado en el grupo A1.
Sin embargo, el sindicato valoró positivamente algunas de las medidas incluidas en el proyecto de real decreto, especialmente las nuevas ratios del primer ciclo de Infantil y de la FP básica, así como el cómputo doble del alumnado con NEE en todas las etapas, sin necesidad de que tenga reconocida una discapacidad o un grado de dependencia.
La CIG-Ensino pidió al Ministerio que sea «más ambicioso» tanto en las ratios del segundo ciclo de Infantil, para el que propone un máximo de 15 alumnos por aula, como en Bachillerato, donde defiende un límite de 25. También reclamó que las medidas comiencen a aplicarse el próximo curso en todas las etapas, en lugar de retrasar su implantación hasta 2029.
Arroxo rechazó, además, que se introduzca una disposición adicional que permita establecer excepciones a las ratios máximas, al considerar que podría facilitar su incumplimiento. La responsable sindical insistió en la necesidad de limitar a 20 el número de estudiantes por aula en Primaria y a 25 en Secundaria, aunque reconoció las limitaciones normativas para aprobar estas medidas.
La central también reclamó que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) compute como doble en todas las etapas desde el próximo curso. Asimismo, propuso incorporar ratios específicas para el personal de orientación y para los especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
Reivindicaciones para la escuela rural y los centros educativos
En lo relativo a la escuela rural, la CIG-Ensino valoró positivamente la incorporación de criterios cualitativos para decidir la continuidad de los centros, la posibilidad de adaptar las ratios a las características de cada zona y la garantía de recursos humanos suficientes, conectividad y medios digitales para favorecer la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, el sindicato reclamó que se establezcan ratios máximas para las aulas mixtas y que las adaptaciones previstas en el real decreto sirvan siempre para reducir el número de alumnos, nunca para aumentarlo.
En cuanto a los requisitos mínimos de los centros educativos, la organización valoró la inclusión de la climatización y de los protocolos frente a las temperaturas extremas, pero consideró insuficientes otras medidas. Así, pidió que se incorporen espacios exteriores naturales de dimensiones suficientes y acondicionados para su uso durante todo el curso escolar.
También cuestionó que la aplicación de los protocolos climáticos quede en manos de los centros en el marco de su autonomía, con un simple asesoramiento, y defendió que esta responsabilidad debe corresponder a la Administración, acompañada de las inversiones y los recursos necesarios.
Otro de los proyectos de real decreto que el Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones busca modificar las especialidades de los cuerpos docentes en relación con las lenguas no oficiales que cuenten con protección legal en las comunidades autónomas.
La CIG-Ensino valoró positivamente esta norma y recordó que el gallego también se habla en territorios donde no es oficial, como la franja occidental de Asturias, El Bierzo y Sanabria, y el Valle de Xálima, en Extremadura. Por ello, considera que la normativa debe servir para que esas comunidades creen especialidades docentes que garanticen la enseñanza del gallego con profesorado especializado.
El sindicato insistió, finalmente, en la necesidad de garantizar los derechos de las lenguas propias oficiales de cada territorio en el sistema educativo, con una referencia expresa a las políticas de la Xunta, a las que acusa de reducir la presencia del gallego en las aulas.