La CIG-Ensino denuncia el incumplimiento de la obligación de la UVigo de aplicar las subidas salariales.
La CIG-Ensino denunció que la Universidad de Vigo continúa sin cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que la obliga a aplicar las subidas salariales correspondientes a los años 2022 y 2023 al personal docente e investigador (PDI) con contratos predoctorales, posdoctorales y vinculados a proyectos de investigación.
Según informa el sindicato, la UVigo es la única de las universidades gallegas que todavía mantiene pendiente el abono de estos incrementos retributivos a alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras afectados. La resolución judicial, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en noviembre de 2025, desestimó el recurso presentado por la institución académica y confirmó la obligatoriedad de aplicar estas mejoras salariales al colectivo afectado.
La sentencia establece que la Universidad de Vigo debe abonar los atrasos derivados del incremento retributivo del 1,5% correspondiente al año 2022 y del 2,5% correspondiente al año 2023, cantidades que, según la CIG, son de obligado pago desde noviembre del pasado año.
El sindicato asegura que lleva meses intentando negociar con la universidad la forma de ejecutar estos pagos. Durante este tiempo, se mantuvieron reuniones, se presentaron escritos y se realizaron distintas peticiones para que se cumpla la resolución judicial, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta por parte del equipo rectoral en funciones.
Desde la organización sindical lamentan que el equipo rectoral saliente no haya dejado resuelta esta cuestión, que afecta a cientos de profesionales de la investigación, y advierten de que la falta de actuación obliga a las personas afectadas a recurrir nuevamente a los tribunales para reclamar individualmente unos derechos ya reconocidos en un conflicto colectivo ganado por la CIG.
Ante esta situación, la CIG-Ensino anima al personal afectado a presentar reclamaciones individuales para exigir tanto el cobro de las cantidades reconocidas en la sentencia como los intereses generados por el retraso en el pago. Además, el sindicato pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras un modelo de reclamación con el objetivo de facilitar el inicio de los trámites correspondientes.