La CIG exige a la Xunta la entrega inmediata de las mediciones de gas radón en los juzgados
El sector de Justicia de la CIG-Administración desarrolló este mediodía una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra para denunciar la falta de información y la demora “injustificable” en la comunicación de las mediciones de gas radón realizadas en los edificios judiciales por parte de la Xunta. La central exige a la Dirección General de Justicia la entrega inmediata de los resultados al tratarse de una información preventiva que afecta directamente a la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Desde la CIG-Justicia recuerdan que el 10 de septiembre de 2024 fue trasladado a las organizaciones sindicales el organigrama inicial de las mediciones que se iban a realizar en los edificios judiciales de Galicia (dos evaluaciones de edificios judiciales por cada provincia gallega), programación que fue ampliada posteriormente a más edificios judiciales.
En el caso de la Audiencia Provincial de Pontevedra y del Tribunal de Instancia de Marín, los detectores fueron colocados inicialmente el 11 de septiembre de 2024. Según la información trasladada, los detectores permanecieron instalados durante aproximadamente tres meses, siendo finalmente retirados en marzo de 2025. “Desde entonces estamos a la espera de conocer los resultados de estas mediciones”, señalan desde la CIG.
Por lo que consideran “inadmisible” que más de dos años después de la retirada de los detectores las personas trabajadoras de la Administración de Justicia sigan sin conocer los resultados de las mediciones realizadas en sus propios centros de trabajo. “Estamos hablando de una cuestión directamente relacionada con la prevención de riesgos laborales y con la protección de la salud. De manera que la información preventiva no puede permanecer meses y meses en un cajón ni estar sometida a trámites interminables, mientras el personal continúa desarrollando su actividad en los mismos edificios”.
La situación resulta todavía más preocupante cuando se tiene constancia de que se están dando instrucciones en los edificios judiciales de que se ventilen las dependencias, “con lo que intuimos la existencia de unos niveles elevados de radón”. Esta situación, y teniendo en cuenta además que hubo algunos casos de cáncer de pulmón en la Audiencia Provincial de Pontevedra, está provocando una cierta alarma, “aunque no existe en este momento información que permita establecer esa relación causal”.
Con todo, al tratarse de una cuestión que puede afectar a la salud de las personas trabajadoras, “consideramos imprescindible aplicar el principio de prevención: ante un posible riesgo, hay que medir, informar y actuar”. En consecuencia, le exige públicamente a la Dirección General de Justicia que entregue, sin más dilación, los resultados de las mediciones de radón y que adopte todas las medidas preventivas que sean necesarias para proteger la salud de las personas trabajadoras. “Desde la CIG vamos a seguir reclamando transparencia, prevención y garantías para todo el personal de la Administración de Justicia. Porque cuando está en juego la salud laboral no caben excusas, retrasos ni silencio administrativo: hay que informar y hay que actuar”.