La CIG-Industria rechaza la propuesta de la patronal europea del automóvil y pide frenar las deslocalizaciones
La Federación de Industria de la CIG ha manifestado su rechazo a la propuesta formulada por la patronal europea del automóvil (ACEA) para que los vehículos fabricados en países como Marruecos, Turquía o Reino Unido reciban el mismo trato que los producidos dentro de la Unión Europea, incluyendo la posibilidad de acceder a ayudas públicas destinadas al sector.
Desde la central sindical consideran que esta medida supondría un nuevo impulso a los procesos de deslocalización industrial e instan tanto a la Xunta de Galicia como al empresariado gallego a posicionarse en defensa de la actividad productiva y del empleo en el país.
El secretario nacional de la CIG-Industria, Marcos Conde, criticó con dureza esta iniciativa y denunció que durante años se han estado priorizando “los intereses del capital frente a las personas trabajadoras”. Según explicó, la deslocalización de empresas hacia territorios con menores costes laborales o mayores ventajas fiscales ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en Galicia y una mayor precarización de las condiciones laborales.
Conde aseguró que “la gran beneficiada de este proceso es la industria del automóvil, que incrementa beneficios a base de producir en lugares donde los derechos laborales y las condiciones de trabajo son peores”. En este contexto, censuró que ahora las empresas pretendan “dar una vuelta más de tuerca” para seguir obteniendo incentivos públicos aun produciendo fuera de la Unión Europea.
Desde la organización sindical advierten de que este modelo productivo lleva años afectando al tejido industrial gallego, especialmente a las empresas auxiliares. “Produce el cierre de empresas auxiliares, de capital gallego, que entendemos deberían ser defendidas por la patronal gallega”, sostuvo el responsable sindical.
La CIG considera que, si las administraciones europea, estatal o autonómica aceptan esta propuesta, estarán cediendo a un “chantaje” que vuelve a situar los intereses empresariales por delante de los de la ciudadanía. En este sentido, el sindicato afirma no comprender “cómo las patronales y los gobiernos que alardean de la marca España y de su patriotismo pueden callar e incluso apoyar este tipo de pretensiones”.
Por ello, reclama una oposición clara por parte de las organizaciones empresariales españolas y gallegas. “Los primeros que tendrían que oponerse son las patronales española y gallega”, afirmó Conde.
La central sindical también denunció que muchas compañías llevan años recibiendo subvenciones públicas al mismo tiempo que trasladan parte de su producción al exterior y reducen empleo. Por este motivo, exige que los incentivos públicos estén vinculados al fortalecimiento del tejido industrial gallego y a la creación de puestos de trabajo estables y de calidad.
La CIG recuerda que la automoción es un sector estratégico para Galicia, con miles de empleos directos e indirectos, y que actualmente afronta importantes desafíos derivados tanto de la transición hacia el vehículo eléctrico como de los procesos de deslocalización. Ante esta situación, insiste en la necesidad de impulsar un plan industrial específico para el sector.
Según la organización, este plan debe ir más allá de las subvenciones sin condiciones y establecer garantías reales para el mantenimiento de la actividad industrial. “Hemos demandado a la Xunta la elaboración de un plan industrial para la automoción que sea más que subvenciones incondicionales para unas empresas que actúan sin planificación ni garantía de futuro de la actividad y de los puestos de trabajo”, señalan.
La central sindical reclama además una mayor implicación del Gobierno gallego y critica que la Xunta permanezca como mera observadora. “No sea espectadora y abandone el recurso de dejar todo en manos del mercado”, demanda la organización.
Finalmente, la CIG apeló a la puesta en marcha de una política industrial propia “al servicio del país y no del capital”, orientada a consolidar nuevos proyectos industriales, impulsar la cadena de valor del vehículo eléctrico en Galicia, reforzar la participación de la industria auxiliar gallega y crear empleo estable y con derechos.
El sindicato concluye exigiendo que se deje de financiar con fondos públicos los procesos de deslocalización y que se adopten medidas para frenar la destrucción y precarización del empleo en uno de los sectores considerados clave para la economía gallega.